La investigación del atentado a Miguel Uribe dio un giro decisivo este 20 de junio, cuando peritos de la Fiscalía recuperaron el celular que el sicario adolescente ocultó en su casa de Engativá.
En la memoria del equipo hallaron 30 fotografías del alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, una imagen de la fiscal general Luz Adriana Camargo y chats que ordenaban: “Tiene que ser hoy”. La nueva evidencia refuerza la hipótesis de un complot que trasciende al tirador de 14 años y obliga a replantear el alcance de la amenaza contra la campaña presidencial.
Hoy día del padre, Gracias por su amor. pic.twitter.com/HogFRoAxba
— Miguel Uribe (@MiguelUribeT) June 15, 2025
El hallazgo forense: 30 fotos y chats que apuntan al autor intelectual

Los expertos de informática forense tardaron menos de cuatro horas en extraer la información del dispositivo, un teléfono de gama media con patrón numérico que el menor dejó encendido y sin contraseña secundaria.
En la galería aparecieron 30 retratos de Galán tomados en eventos distintos, lo que sugiere vigilancia prolongada organizada, y una foto de la fiscal Camargo tomada durante un acto oficial en Barranquilla.
Los investigadores también recuperaron conversaciones de madrugada en las que un contacto identificado como “Costeño” presiona: “Tiene que ser hoy, sin falta”.
Las cámaras de seguridad muestran al adolescente entregando este mismo celular a dos cómplices segundos después de disparar y antes de abordar un Chevrolet Spark gris para huir.
Un rastreo de antenas confirma que el aparato permaneció inactivo durante nueve días hasta el allanamiento en Engativá. Para la Fiscalía, el contenido prueba que el atentado a Miguel Uribe fue planeado con varios niveles de mando y no como un impulso solitario.
Investigación del atentado a Miguel Uribe: así se ejecutó la emboscada
El atentado ocurrió a las 17:12 del sábado 7 de junio en el parque El Golfito, barrio Modelia, cuando Uribe dialogaba con simpatizantes. El sicario disparó nueve veces con una pistola Glock 9 mm modificada en ráfaga; los proyectiles estaban recubiertos en bronce y latón para aumentar la perforación.
Minutos antes del ataque, las cámaras de la zona registraron la llegada del menor en una motocicleta con rines rojos; tras cambiarse el casco por una gorra, se mezcló entre el público. Uribe recibió tres impactos —uno en la cabeza— y fue trasladado a la Fundación Santa Fe, donde permanece en estado crítico.
Entre los capturados figuran alias “El Costeño”, señalado de coordinar la operación; Carlos Eduardo Mora, conductor de apoyo; alias “Gabriela”, encargada de logística; y William Fernando González, supuesto enlace armamentístico. La Fiscalía rastrea el origen de la Glock, comprada legalmente en EE. UU. en 2020, y los depósitos de dinero que financiaron la acción.
Quién es el sicario: de la captación al proceso legal
El autor material tiene 14 años, cursó hasta séptimo grado y fue reclutado en Engativá con la promesa de tres millones de pesos.
Según su testimonio preliminar, temía ser asesinado si se negaba a participar. En Colombia, los adolescentes entre 14 y 18 años responden ante el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes (SRPA), que privilegia la rehabilitación; la pena máxima de internamiento es de ocho años.
La Fiscalía solicitó esa sanción excepcional por la gravedad del caso y porque las víctimas del atentado a Miguel Uribe incluyen civiles que presenciaron la balacera.
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El menor enfrenta, además, un proceso de restablecimiento de derechos ante el ICBF para abordar consumo de sustancias y rupturas familiares detectadas por trabajadores sociales. Psicólogos forenses advierten que el uso de adolescentes como sicarios va en aumento: el Observatorio de Infancia registró 128 casos similares en 2024, 40 % más que en 2023.
Violencia política en Colombia y las nuevas medidas de seguridad
El atentado a Miguel Uribe revive la sombra de los magnicidios en una temporada preelectoral marcada por 492 actos de violencia contra líderes políticos en 2024, según la Misión de Observación Electoral (MOE).
Indepaz agrega que los homicidios a defensores de derechos humanos repuntaron en el primer trimestre de 2025, con 42 casos.
Ante la ola de amenazas, el alcalde Galán anunció cinco acciones urgentes: refuerzo de esquemas de protección, drones de vigilancia en plazas públicas, patrullajes mixtos Policía-Ejército, blindaje de escenarios de campaña y una mesa de crisis con la Fiscalía. El Ministerio de Defensa evalúa extender esas medidas a todos los aspirantes presidenciales, incluidos los de regiones periféricas donde el riesgo es mayor.
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