En Colombia, muchos podrán estar a favor de las políticas implementadas por el presidente Iván Duque, su Gobierno y ministros, criticar lo que ha hecho o lo que ha dejado de hacer, pero la violencia jamás será el camino, menos cuando hemos vivido los estragos de ella.
EDITORIAL
Siempre, después de unas elecciones, hay una parte vencida que en ocasiones toma la derrota con altura. Muchos consideran que quienes se disputaron el liderazgo del país buscan el progreso de la Nación, le apuestan a construir y cuando en elecciones se enfrentan nuevamente, debatirán y hablarán de lo que se pudo hacer mejor y de lo que se debe cambiar.
Entonces, conociendo que siempre habrá diferentes criterios sobre la forma en la que se maneja un país, no se puede desconocer que Iván Duque es el presidente legítimo, elegido democráticamente por los colombianos para un período constitucional de cuatro años, y que él, en primer lugar, requiere todas las medidas de seguridad que sean necesarias porque representa a todo un país, no solo a los que votaron por él, sino a los que no lo hicieron.
Lo real es que los mandatarios son la imagen ante el mundo, representan la estabilidad y son la cabeza visible de una Nación, por lo que Colombia entre las complejidades que transita con sucesos difíciles como la pandemia – cruenta y letal -, los paros, destrozos al patrimonio público y propiedad privada, y ahora un atentado contra presidente, acontecimiento grave que no tiene antecedentes recientes en la historia de Colombia, nos demuestra una falta de firmeza institucional.
En el país debemos pasar de la condenada escrita a instar a las autoridades, la justicia de este país que poco o nada funciona, para que haga algo, porque claramente los casos de impunidad son reiterativos y comunes. Seguramente este caso, el acto de violencia en contra del presidente, también va a quedar en la impunidad y no se sabrá quién o quiénes son los autores intelectuales y materiales.
También deben pedirles a las fuerzas militares, Policía de Colombia y Ministerio de Defensa, que revisen con exactitud qué está fallando con las unidades de inteligencia de nuestro país, a qué se dedican y por qué no producen resultados, no hay actividades de prevención de delitos, de atentados, delincuencia y terrorismo.
Nuestra fuerza pública se convirtió en reactiva y muchas veces la reactividad es errática. El Estado debe reaccionar porque la vida del presidente es importante, igual que la integridad de todos los ciudadanos, porque no nos podemos acostumbrar a tener un país en vilo todos los días, y menos, podemos regresar a la época oscura de los años 2.000, sería gravísimo y evidenciaría un retroceso en la política de seguridad.