Con la firma del pliego unificado estatal por parte de las principales centrales obreras del país, el proceso de negociación para el aumento del salario a empleados públicos en Colombia dio un paso firme.
Las conversaciones formales con el Gobierno comenzaron el pasado 14 de abril de 2025, marcando el inicio de un diálogo que busca no solo una mejora salarial, sino también el fortalecimiento del empleo estatal, la protección de derechos laborales y el establecimiento de políticas inclusivas.
Aumento del salario a empleados públicos en Colombia: sindicatos exigen incremento real para 2025
El documento presentado por las centrales sindicales fue radicado el 31 de marzo, cumpliendo con el calendario acordado previamente entre las partes.
La Central Unitaria de Trabajadores (CUT), la Confederación General del Trabajo (CGT), la Confederación de Trabajadores de Colombia (CTC), Fecode, Fenaltrase, Utradec y Fecotraservipúblicos se unieron para consolidar un pliego que reúne las principales preocupaciones del sector público, con un enfoque en la dignidad, estabilidad y condiciones laborales de los servidores estatales.
Un pliego que busca transformar el empleo público: En declaraciones a través de su cuenta en la red social X, Fabio Arias, presidente de la CUT, indicó que el pliego unificado tiene como fin “buscar mejoras económicas, sociales, garantías sindicales, cumplimiento de acuerdos y vinculación a plantas de personal permanentes, con perspectiva de género”.
Las centrales obreras y sus federaciones de empleados públicos radicaron hoy el pliego unificado estatal y la comisión negociadora de 40 personas. El miércoles se instala oficialmente la negociación con la presencia de @AntonioSanguino. @cutcolombia @CGTCol @ctccolombia @fecode… pic.twitter.com/mJ8Rz029RT
— Fabio Arias Giraldo (@fabioariascut) April 14, 2025
Este enfoque integral pretende atender problemáticas estructurales del empleo público en Colombia y dar respuesta a temas pendientes en la agenda laboral del Estado.
Las exigencias centrales incluyen un incremento del 5% sobre la inflación para los años 2025 y 2026, la consolidación de primas técnicas, bonificaciones y el pago justo de horas extras. Igualmente, las organizaciones sindicales hacen énfasis en el cumplimiento de los acuerdos logrados en negociaciones pasadas, muchas veces archivados o parcialmente implementados.
Por qué es importante: Esta negociación tiene implicaciones profundas para los cerca de 1,3 millones de empleados públicos en Colombia. No se trata únicamente de un ajuste económico, sino de una discusión más amplia sobre cómo dignificar el trabajo en el sector estatal, donde persisten inequidades salariales, precarización de contratos temporales y brechas de género.
Uno de los componentes novedosos del pliego es la inclusión de un capítulo específico sobre política de género. Este punto busca garantizar condiciones laborales equitativas para las mujeres en el sector público, incluyendo licencias, protección contra el acoso y acceso a cargos de liderazgo.
La perspectiva de género, poco frecuente en negociaciones laborales estatales previas, refleja una evolución en las demandas sindicales.
Detalles de la negociación: Con la instalación oficial de la mesa de negociación, el Gobierno y las centrales obreras cuentan con un plazo de 20 días hábiles para adelantar la etapa formal del proceso.
Esto significa que el acuerdo sobre el aumento salarial debería conocerse en el transcurso del mes de mayo. De no lograrse consensos, se abriría un nuevo escenario de prórrogas o tensiones entre las partes.
Además del pliego nacional, las organizaciones sindicales han presentado pliegos sectoriales y territoriales. Estos están dirigidos a gobernadores, alcaldes y entidades específicas, y abarcan necesidades puntuales de distintos sectores como educación, salud, justicia y entidades descentralizadas. Esta multiplicidad de demandas da cuenta de la heterogeneidad del empleo público en el país.
Contexto: Colombia tiene una larga historia de tensiones entre los trabajadores del Estado y los distintos gobiernos. Aunque la Constitución garantiza derechos sindicales, la práctica ha demostrado obstáculos a la negociación colectiva y limitaciones al derecho a la huelga en el sector público, un tema sensible que también fue incluido en el pliego.
Durante años, muchas entidades han recurrido a la contratación temporal o por prestación de servicios, lo que ha generado inestabilidad laboral y ha debilitado la institucionalidad pública. Las centrales obreras han sido enfáticas en que este modelo debe cambiar y que el Estado debe dar ejemplo en materia de trabajo digno.
Panorama general: El éxito de la actual negociación dependerá, en gran medida, de la voluntad del Ejecutivo para sentarse a dialogar y dar respuestas concretas a los trabajadores estatales. Aunque el presidente Gustavo Petro ha manifestado su intención de fortalecer el sector público, este será uno de los mayores retos en materia laboral que enfrente su administración en 2025.
Las expectativas son altas. Los sindicatos están organizados y han mostrado una estrategia unificada que busca cambios de fondo.
Por su parte, el Gobierno deberá equilibrar estas demandas con la realidad fiscal del país, en medio de un año con presión sobre las finanzas públicas y nuevos compromisos de gasto social.
El país estará atento a los avances de esta negociación, que no solo impacta el bolsillo de miles de trabajadores, sino que puede marcar un nuevo rumbo en la política laboral estatal en Colombia.
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