El Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Agricultura presentaron el pasado miércoles al Congreso de la República un proyecto de ley con el objetivo de incrementar la recaudación a través del impuesto predial unificado.
En el contenido del proyecto, se contempla la posibilidad de aplicar aumentos de hasta el 50% en comparación con el monto liquidado en el año anterior para los predios urbanos destinados a usos económicos y residenciales cuyo avalúo catastral sea igual o inferior a 135 salarios mínimos legales vigentes.
Esta propuesta también abarcaría a los predios rurales que estén vinculados a categorías relacionadas con destinos económicos y diversos usos del suelo, como viviendas, comercio rural, áreas para la producción agropecuaria, institucionales, así como áreas de conservación y protección.
Adicionalmente, el texto contempla incrementos de hasta el 100% en el caso de avalúos de predios urbanos destinados a usos residenciales o económicos que superen los 135 salarios mínimos legales vigentes pero se ubiquen por debajo de los 250 salarios. Esta disposición también se aplicaría a los predios rurales, según lo mencionado anteriormente.
Se anticipa un aumento del 150% para los predios pertenecientes a las mismas categorías cuyo avalúo se sitúe por encima de 250 salarios, pero no exceda los 350 salarios. Este ajuste también se aplicará a aquellos con diferentes destinos económicos.
En el caso de los predios urbanos y rurales, se contempla un incremento del 200% cuando los avalúos se ubiquen en el rango de 350 a 500 salarios mínimos vigentes, y se proponen aumentos del 300% para aquellos que superen los 500 salarios mínimos.
La posibilidad de una reforma tributaria regional parece estar tomando forma, siendo el catastro multipropósito la piedra angular de esta iniciativa. Este mecanismo se presenta como una herramienta para aumentar la recaudación de los municipios, según lo expresado por el presidente Gustavo Petro.
¿Cuáles son las razones de este incremento del Impuesto Predial Unificado?
El Gobierno justifica el significativo ajuste en el Impuesto Predial Unificado basándose en la necesidad de aplicar dicho tributo de acuerdo con los principios tributarios de equidad, eficiencia, progresividad y retroactividad consagrados en la Constitución. En este sentido, se argumenta que para cumplir con estos principios, el Estado llevará a cabo un nuevo avalúo catastral que servirá como base para implementar los ajustes necesarios.
La realización de este avalúo se considera esencial para comprender la realidad económica de los predios, ya que, según el Gobierno, en la actualidad, estos no estarían reflejando con precisión dicha realidad. Se señala que la valoración de los predios podría haber cambiado con el tiempo, ya sea depreciándose o aumentando de valor, lo que dificulta determinar si se está aplicando o cobrando un impuesto justo y equitativo de acuerdo con los preceptos constitucionales del país.
«La actualización del avalúo catastral por parte del Estado, después de más de cinco años, puede tener un impacto sustancial en la capacidad de pago de los contribuyentes», alerta el Gobierno en la fundamentación para promover la discusión de esta propuesta.
Además, la iniciativa busca eliminar las excepciones establecidas en la Ley 1995 de 2019, incluida la relativa a los predios que se consideran como lotes no construidos y construidos, cuyo nuevo avalúo resulta de las edificaciones realizadas en ellos. Con esto, la actualización catastral incorporará dichos cambios, permitiendo clasificar el predio en cualquiera de los nuevos rangos contemplados en la normativa.
Otra excepción que perderá validez con esta propuesta se refiere a los predios que hayan experimentado cambios en su destino económico o que hayan sufrido modificaciones en sus áreas de terreno y/o construcción. Según el Gobierno, hay un volumen considerable de predios en el país que ha experimentado cambios en su destinación económica.
Contexto del Impuesto Predial Unificado
Según las estimaciones gubernamentales, aunque los ingresos municipales y totales generados por el Impuesto Predial Unificado (IPU) en Colombia superan a los de otras economías latinoamericanas, siguen siendo inferiores al promedio de los países de la OCDE, situándose en un 0,8 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) en 2021. Sin embargo, este porcentaje descendió al 0,67 por ciento al año siguiente, generando 9,8 billones de pesos.
El recaudo más significativo de este tributo se concentra en las grandes ciudades, con Bogotá y Medellín a la cabeza, representando el 36,8 por ciento y el 8,9 por ciento del total, respectivamente. El análisis del Gobierno revela que los municipios y otras regiones tienen una participación muy limitada debido a las dificultades para recaudar efectivamente este tributo en sus respectivas áreas.
En este contexto, el Gobierno busca, a través de cambios en la normativa del IPU, proporcionar a estas regiones herramientas que mejoren su gestión tributaria, reduzcan la evasión, incrementen sus ingresos y mejoren la capacidad de pago de los contribuyentes.