El aumento salarial a empleados públicos 2025 fue confirmado el pasado 30 de abril, cuando el Gobierno Nacional y los gremios del sector público alcanzaron un acuerdo tras intensas jornadas de negociación. Se estableció un incremento del 7 % en los sueldos de los trabajadores estatales, con efecto retroactivo desde el 1 de enero del mismo año.
Este incremento salarial beneficiará a más de 1.250.000 empleados públicos en todo el territorio nacional, quienes esperaban desde comienzos del año una definición clara frente al reajuste de sus remuneraciones.
Todo lo que debe saber sobre el aumento salarial a empleados públicos 2025
La fórmula adoptada por el Gobierno contempla un incremento del 7 %, compuesto por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del 2024, que fue del 5,2 %, más 1,8 puntos porcentuales adicionales, acordados como margen de mejora por parte del Ejecutivo.
Una medida con efecto retroactivo y de aplicación obligatoria: Aunque el aumento ya fue aprobado, su aplicación efectiva en las nóminas públicas depende de la expedición formal de los decretos correspondientes.
Así lo aclaró el Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP), entidad que señaló que ninguna entidad pública podrá hacer efectivo el pago hasta que los decretos estén debidamente firmados y publicados.
A pesar de esta condición, la normatividad vigente establece que el retroactivo es de cumplimiento obligatorio. Es decir, una vez expedidos los decretos, las entidades deberán reconocer y pagar la diferencia salarial acumulada desde enero hasta el mes en que se haga efectivo el incremento. No existe una fecha límite para este pago, pero sí un mandato legal que lo respalda plenamente.
Qué es el retroactivo y cómo se calcula: El retroactivo salarial corresponde al dinero que se deja de recibir durante los meses en que el aumento no ha sido aplicado, y debe ser pagado en su totalidad cuando el nuevo salario entre en vigor. El valor a reconocer varía de acuerdo con el salario base de cada funcionario y los meses en que no se realizó el ajuste.
Por ejemplo, un servidor público con un salario mensual de $2.500.000 tendría un incremento de $175.000 mensuales al aplicarse el 7 %. Si el pago del nuevo salario comienza a ejecutarse en julio, el retroactivo correspondiente a seis meses sería de $1.050.000.
Este monto deberá sumarse a la nómina del mes en que se haga efectivo el reajuste, sin importar el tiempo transcurrido.
Aumento definido también para 2026: El acuerdo firmado entre el Gobierno y los representantes sindicales no solo cubre el ajuste para 2025, sino que también sienta las bases para el aumento salarial de 2026.
Según lo pactado, el incremento del próximo año se calculará con base en el IPC del 2025, sumado a un 1,9 %, y también se aplicará desde el 1 de enero del 2026.
Este esquema multianual busca ofrecer mayor previsibilidad a los empleados públicos y reducir los tiempos de negociación, además de consolidar una política salarial más estable para el sector estatal.
Recomendaciones para los funcionarios públicos: El DAFP ha recomendado a los funcionarios estar atentos a las comunicaciones oficiales de sus respectivas oficinas de recursos humanos, quienes serán las encargadas de anunciar la fecha y modalidad del pago retroactivo.
En caso de que una entidad no realice el desembolso oportunamente, el funcionario podrá solicitar información y exigir respuestas formales a través de los canales institucionales.
Asimismo, si tras agotar estas vías no se obtiene una solución satisfactoria, los empleados públicos pueden acudir a mecanismos legales como la acción de tutela por vulneración al mínimo vital, o elevar quejas ante organismos de control como la Procuraduría General de la Nación o la Defensoría del Pueblo.
Por qué es importante: Este aumento salarial tiene un impacto directo en el poder adquisitivo de millones de familias colombianas que dependen de los ingresos provenientes del empleo público.
Además, garantiza el cumplimiento de derechos laborales adquiridos, especialmente en un contexto económico marcado por la inflación y los aumentos en el costo de vida.
También refleja la voluntad del Gobierno de mantener un diálogo constante con los gremios del sector público y avanzar en la consolidación de una política salarial más justa y progresiva.
Contexto: En Colombia, las negociaciones salariales del sector público se realizan anualmente entre el Gobierno Nacional y las centrales sindicales.
Estos acuerdos, además de definir el porcentaje de incremento, pueden incluir cláusulas que proyecten los aumentos a más largo plazo, como ocurrió en esta ocasión.
Desde hace varios años, las mesas de concertación buscan no solo evitar paros y movilizaciones, sino también estabilizar el poder adquisitivo de los trabajadores del Estado.
La fórmula basada en el IPC más puntos porcentuales adicionales se ha convertido en una práctica común en los últimos periodos gubernamentales.
Panorama general: Con este acuerdo, el Gobierno Petro consolida un nuevo capítulo en la negociación laboral del sector público, tratando de garantizar el bienestar de sus funcionarios y cumplir con las metas fiscales.
A pesar de que el trámite burocrático de los decretos puede demorar algunos meses, el compromiso está en firme, y los empleados públicos podrán contar con sus pagos retroactivos una vez se expida la normativa correspondiente.
En definitiva, este aumento del 7 % no solo es una mejora en los ingresos de los trabajadores del Estado, sino una muestra del compromiso del Ejecutivo por mantener la equidad salarial y la sostenibilidad del empleo público en el país.
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