A medida que el Gobierno Nacional enfrenta serias presiones fiscales, la administración de Gustavo Petro ha decidido implementar un plan de austeridad fiscal para mitigar los efectos de una caja limitada y garantizar la estabilidad económica del país. Este plan, que se ejecutará durante el tercer año de la gestión, incluye medidas drásticas para reducir los gastos y optimizar el uso de los recursos públicos, con el objetivo de evitar un mayor abuso de la deuda externa.
Desde finales del 2024, la Casa de Nariño ha dado la instrucción a varias entidades para ajustar sus presupuestos y reducir el gasto en todos los frentes, especialmente en los gastos operativos. Entre las acciones prioritarias se destaca un recorte del 30% en el personal contratado bajo la modalidad de Órdenes de Prestación de Servicios (OPS), una estrategia que busca aliviar las finanzas públicas sin poner en riesgo los ingresos de los hogares cuyos ingresos dependen directamente del Estado.
Panorama general: Con el objetivo de reducir la presión fiscal, el Ejecutivo ha trazado una serie de medidas concretas, que incluyen la limitación de horas extras, la restricción en el arrendamiento de inmuebles, la eliminación de gastos excesivos e innecesarios en viáticos, eventos y uso de vehículos oficiales. Además, se ha puesto un freno a la publicidad estatal, la compra de equipos, planes celulares, souvenirs, suscripciones a periódicos, revistas o servicios de bases de datos.
Este plan también fomenta la sostenibilidad ambiental, incentivando un consumo responsable de agua y energía. Cada entidad del Presupuesto General de la Nación deberá formular y ejecutar su Plan de Austeridad, con la obligación de demostrar anualmente el impacto logrado en la reducción de gastos. En total, se espera una disminución de las transferencias corrientes no menor al 5% anual, según lo dispuesto por la Ley 2155 de 2021.
¿El Gobierno Petro implementa un plan de austeridad fiscal para fortalecer la economía?
Por qué es importante: Uno de los puntos más llamativos del plan de austeridad es el recorte del 30% en la contratación de servicios. Esta medida, que lleva meses siendo discutida en el Ejecutivo, tiene como objetivo reducir significativamente el gasto invertido en contratistas. Desde octubre y noviembre del año pasado, la Casa de Nariño pidió a los jefes de las entidades que dependen del Presupuesto General de la Nación ajustar sus nóminas bajo esta premisa.
De acuerdo con varias entidades del Gobierno, esta reducción está enfocada en hacer un “filtro inicial”, destinado a impactar principalmente a quienes ya tienen más de un contrato con el Estado. Sin embargo, también habrá quienes, a pesar de contar con un solo contrato, verán cómo no serán renovados para el 2025. El objetivo de esta decisión es evitar que las familias dependan exclusivamente de su ingreso proveniente del Estado, buscando que la carga recae en aquellos que ya tienen múltiples contratos y que representan un gasto significativo para el erario público.
Detalles:
Recientemente, el Comité Autónomo de la Regla Fiscal (Carf) advirtió sobre la urgente necesidad de un ajuste fiscal para 2025, planteando que el Gobierno debe recortar al menos $52 billones (2,9% del PIB) para cumplir con los objetivos fiscales fijados en el Presupuesto General de la Nación. De no realizar estos ajustes inmediatos, el riesgo es que la situación fiscal del país se complique aún más.
A través de estas medidas, el Gobierno busca no solo sanear las finanzas del Estado, sino también garantizar un manejo eficiente y responsable de los recursos públicos. El plan de austeridad será el camino para recuperar la estabilidad fiscal y fortalecer la base económica del país, permitiendo una mayor previsión y solidez en el mediano plazo.
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