En un fallo que sienta un precedente clave para la autonomía fiscal de las regiones y la protección de los bolsillos de los contribuyentes, la Sección Cuarta del Consejo de Estado declaró la nulidad de una disposición del municipio de Garzón, en el departamento del Huila, que autorizaba incrementos de hasta el 100% en el impuesto predial durante el primer año tras modificaciones en el régimen de tarifas.
La decisión, adoptada el pasado 30 de julio y proyectada por el magistrado Wilson Ramos Girón, se originó en una demanda de nulidad contra el Acuerdo 002 de 2020 expedido por el Concejo Municipal de Garzón. El alto tribunal determinó que la norma local contravenía abiertamente la legislación nacional vigente al fijar un tope muy por encima de lo permitido por la ley.
Fallo histórico: Consejo de Estado tumba alza desproporcionada del impuesto predial en Garzón
El núcleo del debate jurídico giró en torno a la jerarquía normativa. Según el Consejo de Estado, los entes territoriales no tienen la competencia para fijar por cuenta propia límites de incremento que contradigan o superen los establecidos de manera general por el Congreso de la República.
En este caso, la providencia recordó que el artículo 23 de la Ley 1450 de 2011 establece con claridad que, cuando el incremento en el impuesto predial se produce como consecuencia de modificaciones en las tarifas, el aumento máximo permitido es del 25% respecto al valor pagado o determinado en el año inmediatamente anterior.
Al permitir que el tributo se duplicara de un año a otro (llegando al 100%), el artículo 44 del acuerdo municipal de Garzón se apartó flagrantemente de la ley nacional, incurriendo en una extralimitación que obligó a los magistrados a declarar su nulidad definitiva. Con este fallo, el tribunal refuerza el principio de legalidad tributaria y blinda a los contribuyentes frente a cargas fiscales desproporcionadas que excedan los techos fijados a nivel nacional.
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