Tras un mes de paro criminal, el gobierno Duque se decidió por fin a imponer la fuerza legítima del Estado para restablecer el orden.
Por: Saúl Hernández Bolívar
Convengamos con varios analistas en que esto no es un paro sino una toma guerrillera nacional. El país entero ha estado secuestrado por semanas sin que algún funcionario se decidiera a cumplir con lo que manda la Constitución y la ley para restablecer el orden al precio que fuere necesario.
Cuando el M-19 de Gustavo Petro quemó el Palacio de justicia, de consuno con Pablo Escobar, el gobierno de Betancur lo recuperó con el nivel de fuerza que la guerrilla le exigió imprimir. Tal acción ha sido satanizada por los corifeos de izquierda precisamente para maniatar a las fuerzas del Estado y evitar su reacción ante hechos similares, pero en aquel momento todos los colombianos nos sentimos orgullosos de nuestro Ejército y aplaudimos esa acción conmovidos con las palabras del coronel Plazas Vega: «aquí defendiendo la democracia, maestro».
Cuando el gobierno de Uribe inició su mandato, medio país estaba en manos de la subversión y el otro medio en las manos del paramilitarismo. El Estado tenía un mediano control de las grandes ciudades y apenas se ejercía soberanía en los cocteles bogotanos a los que asistía la clase política tradicional. Uribe recuperó el control territorial con el nivel de fuerza que los ilegales le obligaron a aplicar. Fue una tarea titánica en la que se escribieron las páginas más gloriosas de nuestra historia reciente, pero también se ha querido satanizar por parte de la extrema izquierda para despojarnos de la facultad de defender la ciudadanía y la institucionalidad mediante los mecanismos y los órganos legítimamente establecidos.
Me da pena con el señor presidente Duque, pero si su estrategia de tratar con guantes de algodón a estos terroristas urbanos tenía por objeto evitar una injusta persecución judicial en el futuro, ello ya no podrá ser, pues si no resulta acusado por acción tal vez tenga que dar muchas explicaciones por su omisión, obligado como estaba a recuperar el orden desde el primer día y no un mes después, como parece estar sucediendo.
Y es que apenas se vienen a tomar decisiones del talante de un gobierno como el que creíamos haber elegido. La primera decisión acertada ha sido la de informar al ‘comité del paro’ que no se firmará ningún preacuerdo hasta que no se levanten los bloqueos, que es por lo que está en jaque la vida de los colombianos. Si ese comité no quiere o no tiene el poder para ordenar que se levanten, entonces no habría nada más que dialogar con sus miembros.
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De forma consecutiva se tomó otra decisión acertada. El Gobierno anuló el pacto firmado entre un comité de terroristas de Buenaventura y delegados del Gobierno que deberían ser despedidos sin dilaciones: el nuevo asesor de paz, Juan Camilo Restrepo, y el viceministro de Relaciones Políticas, Juan Pablo Díaz Granados, santistas ambos, para más señas. Este pacto denunciado por Uribe y Vargas Lleras les entregaba el control del puerto más importante del país a estos rufianes del paro, sin contar ellos con facultad legal alguna para inspeccionar la carga o para decidir qué entra y qué sale del puerto. Sin duda, un verdadero atropello del Estado de Derecho y una muestra inaceptable de sometimiento al chantaje de los criminales.
Finalmente, se dio un tercer acierto que de inmediato demostró sus bondades como es la decisión de emplear toda la fuerza del Estado para imponer el orden en los departamentos más afectados por los bloqueos y los actos vandálicos —principalmente el Valle del Cauca y su capital, Cali—, con la participación directa de tropas del Ejército en apoyo de la Policía Nacional. Eso permitió que en pocas horas se levantaran muchas barricadas que fueron abandonadas por los esbirros que las mantenían y que se empiece a restablecer el orden, aunque será necesario un esfuerzo sobrehumano de las autoridades para desmontar por completo este golpe de Estado y retornar a la normalidad.
La semana anterior se informó que los bloqueos y el vandalismo han acabado con más de 300.000 empleos; que, en Valle y Cauca, 16% de las empresas considera cerrar definitivamente su operación; que 600.650 toneladas de alimentos se han quedado represadas en muchas regiones del país, y el sector agrícola ha registrado pérdidas por $2,3 billones. El paro ha costado al menos la mitad de los 23 billones que se pretendían conseguir con la reforma tributaria, pero esa cifra está lejos de lo que representan las pérdidas por eso que se llama ‘la confianza inversionista’, que debe estar por el suelo.
Colombia no puede dejarse derrotar por ingenuidades y simplezas como esas de que ‘los jóvenes están tristes’ o que ‘la gente reclama oportunidades y que hay que escucharla’. Ninguna sociedad puede admitir su destrucción por el berrinche de algunos inconformes. La generación de adictos disfuncionales que quiere incendiar el país por orden de Gustavo Petro, es la generación del subsidio: nunca se les dio tanto a tan pocos. Son los hijos de las ‘Familias en acción’, son los que recibieron educación gratis, los que recibieron alimentación escolar hasta en vacaciones, los que fueron promovidos al siguiente grado sin haber ganado el año por la decretada ‘promoción automática’, los que tuvieron servicios subsidiados y viven bajo techos en todo o en parte subvencionados por el Estado. Hasta los niños ricos pusieron el grito en el cielo porque sus universidades privadas fueron ‘invadidas’ por jóvenes de origen humilde beneficiarios de las becas de ‘Ser pilo paga’.
Las oportunidades sí existen y muchos ven recompensado su esfuerzo. Y, sin duda, hay que seguir creándolas, pero no hay que doblarle la cerviz a cualquier bellaco, pícaro y bribón que las quiera reclamar a las malas.