Ha sido lamentable la situación que hemos vivido los colombianos en los últimos días, a partir del 10 de agosto, cuando el país se levantó con un terremoto de magnitud 7,4 que golpeó con especial fuerza el Eje Cafetero, la región Pacífica y el suroccidente colombiano. El epicentro se localizó en San José del Palmar, Chocó, a una profundidad de 103 kilómetros. De acuerdo con el Servicio Geológico Colombiano, fue el evento sísmico de mayor magnitud registrado en Colombia durante el siglo XXI.
Todos los colombianos lamentamos una situación que ha dejado víctimas mortales, miles de heridos, graves afectaciones en infraestructura y, también, la pérdida del esfuerzo de años de muchas personas que construyeron su patrimonio y lo vieron desaparecer o deteriorarse en cuestión de minutos. Con corte al 15 de agosto, el balance reportado por las autoridades registraba 294 personas fallecidas, 3.935 heridas y 320 desaparecidas, cifras que, por la propia naturaleza de la emergencia, continúan sujetas a actualización.
En este marco de complejidad, resulta inevitable poner los ojos sobre la región Pacífica. Desde el Chocó hasta Nariño se extiende un territorio inmensamente rico en flora y fauna, con condiciones naturales excepcionales y una biodiversidad que constituye una muestra privilegiada de la riqueza ambiental de Colombia. Al mismo tiempo, sus poblaciones han enfrentado históricamente restricciones importantes en materia económica y social, dificultades en el acceso a servicios públicos y conectividad, así como condiciones complejas de orden público que han incidido en sus posibilidades de desarrollo.
El terremoto no inaugura esas condiciones. Se superpone a ellas. Y esa superposición permite comprender por qué un fenómeno natural de esta magnitud puede producir consecuencias particularmente complejas en determinados territorios. No se trata, por tanto, de dos asuntos diferentes, el terremoto, por una parte, y las condiciones del Pacífico, por otra. Se trata de observar cómo una emergencia extraordinaria encuentra unas capacidades, brechas y condiciones previamente existentes que inciden necesariamente en la posibilidad de responder a ella.
Buenaventura constituye, dentro de este contexto, un caso especialmente significativo.
Su ubicación sobre el Pacífico es estratégicamente privilegiada. Su sistema portuario ocupa una posición fundamental dentro de la estructura logística y comercial colombiana. De acuerdo con el Departamento Nacional de Planeación, por Buenaventura se moviliza cerca del 44 % de la carga marítima del país. Este dato permite dimensionar, más allá de cualquier consideración retórica, la relevancia que tiene el Distrito para la inserción de Colombia en el comercio internacional.
Sin embargo, esa importancia económica convive con indicadores sociales que permiten observar otra dimensión del territorio. Para 2018, Buenaventura registraba un Índice de Pobreza Multidimensional del 41 %, mientras que para el conjunto del Valle del Cauca el indicador era del 16,35 %. Aunque se trata de información censal de 2018 y no de una medición de la coyuntura actual, la diferencia permite dimensionar las brechas que históricamente han existido dentro de un mismo departamento (Departamento Nacional de Planeación).
A ello se suman las dificultades en la prestación de algunos servicios básicos. El acceso al agua constituye quizá uno de los ejemplos más representativos. El Documento CONPES 4203 registra para Buenaventura una cobertura urbana de acueducto del 79 %, una cobertura de alcantarillado del 61 % y una continuidad promedio del servicio de agua potable de 4,5 horas diarias. El mismo documento contempla nuevas inversiones para mejorar los sistemas de acueducto y alcantarillado, lo que evidencia tanto la dimensión de las necesidades existentes como los esfuerzos institucionales que actualmente buscan responder a ellas.
Las condiciones de orden público, las restricciones en materia de servicios, las oportunidades educativas y laborales y las posibilidades de movilidad social completan un contexto que necesariamente debe considerarse al analizar la capacidad de un territorio para enfrentar una emergencia de gran magnitud.
Es precisamente en ese punto donde vuelve a aparecer el terremoto.
Después del sismo, los dos principales centros hospitalarios de Buenaventura llegaron al límite de su capacidad, mientras uno de ellos presentó afectaciones estimadas en cerca del 70 % de su infraestructura. A ello se sumaron afectaciones en los corredores terrestres que comunican a Buenaventura con el resto del país.
El terremoto produjo, por supuesto, nuevos daños. Pero también generó una presión extraordinaria sobre capacidades institucionales y de infraestructura que ya enfrentaban importantes desafíos. Allí radica, quizá, uno de los elementos centrales para comprender la emergencia: no solamente en la intensidad del fenómeno, sino en las condiciones del territorio sobre el cual se produce.
Esta reflexión conduce, además, a una pregunta de más largo plazo sobre las posibilidades económicas de Buenaventura y otros municipios del Pacífico colombiano.
En 2013, el Banco de la República, en su serie de «Borradores de Economía», publicó un paper denominado Escalafón global de ciudades para la atracción de inversión industrial en la Cuenca del Pacífico Latinoamericano.¹ El trabajo, construido con información de 2011, buscaba identificar las condiciones que hacían más atractivas determinadas ciudades latinoamericanas para la localización de inversión industrial.
El ejercicio comprendió 19 ciudades de diez países. Cuatro eran colombianas: Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla. La selección no estaba limitada a ciudades directamente localizadas sobre el Pacífico, lo que resulta especialmente interesante: la proximidad a un puerto o la existencia de una ventaja geográfica no constituye, por sí sola, una condición suficiente para atraer inversión. Esa ventaja debe acompañarse de infraestructura, capital humano, capacidad tecnológica y condiciones urbanas que permitan transformarla en competitividad.
El caso de Valparaíso (Chile) resulta particularmente sugerente para este contraste. En el marco del estudio, Valparaíso reunía dos condiciones relevantes: su carácter de ciudad portuaria sobre el Pacífico y, simultáneamente, unas capacidades económicas, urbanas y de infraestructura que ampliaban sus condiciones de competitividad más allá de la actividad estrictamente portuaria. Los investigadores destacaban, además, las ventajas de infraestructura portuaria de Valparaíso, junto con Callao y Guayaquil, frente al caso de Colombia (Buenaventura). La comparación resulta especialmente interesante porque permite observar cómo una posición portuaria estratégica puede articularse con condiciones más amplias de desarrollo de la ciudad y de quienes la habitan. Es precisamente allí donde el contraste con Buenaventura adquiere relevancia: no por la dimensión de su puerto, cuya importancia para Colombia es indiscutible, sino por las posibilidades de que esa ventaja geográfica y logística se traduzca también en mayores capacidades de desarrollo para su entorno urbano y su población.
Respecto de Colombia, los investigadores señalaban que sus ciudades ingresaban a este contexto “de manera tímida”, entre otras razones por retrasos en determinadas obras de infraestructura, “especialmente hacia Buenaventura, su única salida a la Cuenca del Pacífico” (Banco de la República).
Resulta pertinente, plantear una pregunta pertinente a este análisis: ¿hasta qué punto Buenaventura ha logrado convertir su extraordinaria ventaja geográfica y portuaria en una plataforma más amplia de desarrollo económico distrital y atracción de inversión?
La pregunta no supone desconocer la importancia de su actividad portuaria. Precisamente parte de ella. Se trata de considerar hasta dónde esa vocación puede acompañarse de infraestructura urbana, inversión productiva y mayores encadenamientos económicos que permitan ampliar las oportunidades del territorio y de su población.
El terremoto del 10 de agosto vuelve a situar esta reflexión en un momento particularmente difícil. La prioridad inmediata es, naturalmente, la atención de las todas las personas afectadas, la recuperación de la infraestructura y el restablecimiento de las condiciones básicas de funcionamiento del Distrito. Pero la emergencia también vuelve a mostrar algo que merece una mirada de más largo plazo: las capacidades económicas, sociales e institucionales con las que Buenaventura enfrenta acontecimientos de esta naturaleza, y es la oportunidad para afirmar categóricamente que esta es también la realidad de muchos municipios de la extensa región pacífica colombiana.
Quizá allí se encuentre una de las reflexiones que deja esta tragedia. El Pacífico colombiano tiene unas condiciones naturales, geográficas y económicas excepcionales. Buenaventura es una de sus expresiones más claras. La emergencia actual recuerda la necesidad no solamente de recuperar lo afectado por el terremoto, sino de continuar fortaleciendo las condiciones que permitan que esa posición estratégica pueda traducirse, en desarrollo económico y mejores de vida.
¹ Collazos Rodríguez, J. A., & Londoño Martínez, H. H. (2013). Escalafón global de ciudades para la atracción de inversión industrial en la Cuenca del Pacífico Latinoamericano (Borradores de Economía No. 752).
Por: Andrés David Rico Salazar – @AndresDRico
