El (El FEPC) Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles ha sido, durante años, un foco de acumulación de deuda, financiada, desde luego, por el Gobierno Nacional. Creado en 2007 con el propósito, de responder a los efectos de la volatilidad de los precios del petróleo y de sus derivados a nivel internacional, y de aislar de esa manera a los consumidores de dichos efectos, terminó convirtiéndose en una de las presiones fiscales más delicadas para el país.
La línea de tiempo aparece como un efecto acumulativo que durante varios años avanzó de manera silenciosa, marcando un precedente cada vez más problemático para las finanzas del país. Lo que comenzó como un mecanismo de estabilización terminó transformándose en un financiamiento diferido de una deuda que hoy condiciona buena parte del debate económico nacional.
En 2019, por ejemplo, el fondo alcanzó un acumulado de deuda de 17 billones de pesos entre capital e intereses. En 2020, en el marco de la pandemia, la caída del precio internacional del petróleo generó un pequeño superávit, cercano a 0,2 billones de pesos. Sin embargo, ese alivio coyuntural estuvo acompañado del congelamiento de la medida y, justamente allí, empezaron a incubarse las presiones que más tarde tendrían una repercusión considerable. Es decir, se contuvo transitoriamente un problema que luego regresaría con mucha mayor fuerza.
El resultado fue un déficit de 7,8 billones de pesos. Pero el mayor desequilibrio anual registrado hasta ahora se presentó en 2022, cuando el Brent promedio alcanzó los 99 dólares por barril y se acumuló un déficit de 36,7 billones de pesos en un solo año.
A partir de entonces, el gobierno actual inició un aumento gradual en el precio de la gasolina, mientras dejaba en pausa el ACPM. Entre octubre de 2022 y agosto de 2023, la gasolina pasó de 9.980 a 15.489 pesos por galón. El ACPM, por su parte, permaneció congelado, acumulando 56 meses sin ajuste desde enero de 2020. Desde luego, esto trajo un alivio parcial para ese escenario, pero su trade-off seguía siendo el mismo, un efecto acumulativo en términos fiscales para la nación.
El ajuste de la gasolina permitió reducir el déficit, que pasó de los 36,7 billones de pesos en 2022 a 20,5 billones en 2023. Es decir, hubo una corrección importante, cercana a 16,2 billones de pesos. Sin embargo, el problema no desapareció. Quedó diferido en una de sus dimensiones más sensibles, el ACPM, precisamente por el impacto transversal que tiene sobre el transporte, la estructura de costos y, en general, sobre el bolsillo de los colombianos.
Todos estos efectos, con sus variaciones, ya dejaban entrever un escenario particularmente crítico en 2024. Para hacer frente a las deudas acumulativas del Fondo, el 31 de agosto el gobierno decretó un alza de 1.904 pesos en el ACPM, pasando de 9.456 a 11.360 pesos por galón, un incremento cercano al 20%. El efecto político y social fue inmediato. Se desató el paro camionero y, con él, una discusión nacional que confirmó hasta qué punto este fondo es un punto extremadamente sensible, no solamente en Colombia, sino en cualquier contexto en el que la corrección de precios termine afectando de manera directa las condiciones económicas de los individuos.
Después de ese escenario, 2025 cerró con un déficit de 3 billones de pesos, según Ecopetrol, el más bajo registrado desde 2020. Sin embargo, persiste una preocupación latente por el rezago del ACPM frente a la gasolina. De hecho, la política de precios ha seguido mostrando señales contradictorias. En 2026, por ejemplo, la gasolina subió 90 pesos en enero, bajó 500 pesos en febrero y volvió a bajar 500 pesos en marzo, mientras los efectos sobre el ACPM siguen sin resolverse de fondo. Según estimaciones de ANIF, de mantenerse el escenario actual sin ajustes en los precios internos de los combustibles, el déficit del Fondo podría rondar los 10,7 billones de pesos en 2026, acumulando un total de 136 billones desde su creación, lo que equivaldría a cerca de 15 reformas tributarias.
Y es justamente aquí donde esta discusión reaparece con fuerza. Porque ya no se trata solo del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles, sino del momento macroeconómico complejo, desafortunadamente marcado por déficits múltiples. Hace ya bastante tiempo este gobierno rompió la regla fiscal. El efecto esperado del aumento del salario mínimo ya es evidente. Los coletazos inflacionarios por expansión de M1 de manera desproporcionada están afectando de forma visible también al sector empresarial y productivo.
A esto se suma la crisis del propio Fondo de Estabilización, y el escenario se vuelve aún más complejo dadas las condiciones electorales en las que se encuentra el país. El malestar evidente que esto puede generar no es menor, precisamente por la transversalidad que tienen los productos derivados del petróleo y, por supuesto, el transporte, que es un componente esencial para el bienestar de todos los colombianos. Los precios pueden empezar a tener un efecto rampante, un crecimiento desproporcionado, adicional al efecto inflacionario ya existente. Es decir, esto podría tener efectos negativos adicionales sobre el nivel general de precios del país.
Eso terminará trasladándose también a la inflación de alimentos, en medio de un escenario internacional complejo, marcado por la guerra en Irán, por los altos costos de transporte marítimo y por los efectos geopolíticos actuales. Pero lo cierto es que a los colombianos nos afecta en mayor medida por cuenta de decisiones equivocadas en materia económica y macroeconómica, y por la ausencia de una estrategia consistente para preservar una estabilidad macroeconómica sana dentro de Colombia.
Así que, si bien este rezago ha venido pasando desde 2007 por distintos gobiernos en Colombia, hoy nos toma en un escenario especialmente complejo. Los recursos destinados a contener este problema han obligado a desviar gasto público para subsanar parcialmente el déficit del Fondo, pero claramente no es suficiente. Si se observan algunas cifras del déficit actual del país, la preocupación es todavía mayor. Los intereses de la deuda en 2025 alcanzaron el 4,6%, el nivel más alto registrado. Según el Comité Autónomo de la Regla Fiscal, el servicio de la deuda en 2026 ha alcanzado los 100,25 billones de pesos, superando la inversión pública de 88,5 billones. A esto se suma un gasto de funcionamiento de 365,8 billones de pesos. Y el 31% de los ingresos tributarios irá al servicio de la deuda durante los años cubiertos por la regla fiscal.
Todo esto ocurre mientras la inflación sigue proyectando presiones crecientes. El Banco de la República, por obvias razones y de manera muy responsable, ha mantenido una postura técnica que merece ser destacada. El doctor Villar y la Junta Directiva proyectan un escenario en el que las tasas de interés podrían aumentar nuevamente, luego de haber llevado la tasa de intervención al 10,25%, precisamente porque se han superado las expectativas del mercado. En este punto, con todas esas variables sobre la mesa, lo que quiero dejar como precedente es que el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles, como quedó registrado incluso cuando no estábamos propiamente en un escenario electoral, constituye un punto altamente sensible, porque termina afectando directamente las condiciones económicas de los individuos.
En ese sentido, el financiamiento a través del Fondo siempre genera fricciones entre la sociedad y entre distintos gremios, en particular el de los transportadores, pero sobre todo obliga a entender que este es un tema transversal, que toca de manera directa el bolsillo de los colombianos. Y con un agravante. Los efectos inflacionarios que ya muchos economistas preveíamos con el alza del salario mínimo, que afecta la productividad total de los factores, se combinan ahora con nuevas presiones sobre el sector productivo. El sector empresarial colombiano ha sido resiliente ante estos escenarios, sí, pero esa resiliencia no es suficiente cuando la inflación se instala en el centro del problema y cuando, además, se siguen imponiendo otro tipo de cargas e impuestos progresivos que vuelven a golpear al sector empresarial, presionando también variables como el desempleo, que, aunque hoy se mantienen relativamente estables, no dejan de ser altamente sensibles a este entorno.
De tal manera que las variables nominales inflacionarias, junto con las proyecciones de crecimiento de la inflación, siguen erosionando el valor real de la moneda, mientras se insiste políticamente en presentar un salario mínimo más alto como si fuera, por sí mismo, una mejora real. El Gobierno Nacional, con una perspectiva, a mi juicio, populista, está haciendo mella en los resultados reales y técnicos de la economía.
Y aquí hay que dejar algo claro. La importancia reiterada del concepto técnico es sumamente importante en la discusión nacional, sobre todo cuando calan este tipo de argumentos que terminan engañando, timando y perjudicando a los colombianos, justo cuando empiezan a verse los resultados de medidas económicas equivocadas y que, por supuesto, escalan con alteridad, como está pasando en la actualidad.
La inflación amenaza con crecer. Hay una situación internacional que está afectando el precio del petróleo. Y, por supuesto, esa brecha que el gobierno trata de subsanar a través del Fondo de Estabilización de los Combustibles les va a costar muy caro a los colombianos. Más aún en un escenario de déficit en el que ni siquiera el Gobierno Nacional puede hacer frente con solvencia a la situación financiera, fiscal y social del país. Y esto, por supuesto, ya se refleja en el nivel de inversión y en el cumplimiento eficiente y real a lo largo del territorio nacional.
Y el agravante mayor, la cereza del pastel, es que nos encontramos en un escenario electoral, otra variable volátil de carácter social y político, esencialmente, pero que también termina generando efectos sobre los mercados y sobre la economía colombiana.
Los posibles riesgos sociales y las tensiones políticas, con un desacierto en las medidas económicas internas del país, con un aumento y una volatilidad del precio del petróleo a nivel internacional por la guerra en Irán, con un déficit interno y con la tensión del gobierno respecto del FEPC
Ahora, ¿qué hacemos con la inflación? Por fortuna, la responsabilidad acertada del Banco de la República siempre será bienvenida y muy celebrada como acto responsable. Pero esas decisiones en materia de política económica se reiteran desde el Ejecutivo a través de una retórica equivocada, incendiaria en algunos elementos, que no concilia ni trata de solucionar. Lo que hoy tenemos es un agravante multinivel que reúne elementos económicos, políticos y sociales a gran escala.
Por: Andrés David Rico Salazar @AndresDRico
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