La Asobancaria lanzó una alerta sobre el crecimiento de prácticas fraudulentas relacionadas con el uso de los mecanismos de insolvencia en el país, un fenómeno que, según el gremio financiero, estaría siendo aprovechado por estructuras organizadas para evadir el pago de obligaciones a través de engaños y maniobras ilegales.
De acuerdo con la asociación, aunque la figura de la insolvencia está contemplada en la ley como una herramienta legítima para personas que enfrentan dificultades económicas reales, en los últimos dos años se ha evidenciado un aumento significativo de solicitudes con irregularidades, lo que ha encendido las alarmas sobre la posible operación de un denominado “cartel de la insolvencia”.
Asobancaria alerta por el presunto “cartel de la insolvencia” que usaría fraudes y deudas ficticias para evadir obligaciones en Colombia
Según el análisis del gremio, esta estructura estaría conformada por abogados asesores y centros de conciliación que, de manera coordinada, facilitarían el acceso indebido a este mecanismo, entre las prácticas detectadas se encuentra la creación de deudas ficticias con el fin de cumplir requisitos formales y promover acuerdos que terminan afectando a los acreedores reales, además, se han identificado supuestos prestamistas que aparecen de forma reiterada en múltiples procesos, algunos incluso con antecedentes judiciales.
El presidente de Asobancaria, Jonathan Malagón, advirtió que se trata de un patrón que no puede ser considerado aislado, sino que responde a una dinámica estructurada, en la que se ofrecen asesorías para manipular el sistema y evitar el pago de obligaciones con entidades financieras, empresas del sector real, telecomunicaciones y otros actores económicos, una situación que, según explicó, genera efectos negativos tanto para los involucrados como para el sistema en su conjunto.
Entre las consecuencias señaladas por el gremio se encuentran la pérdida de confianza en los deudores, el reporte en centrales de riesgo, mayores restricciones para acceder a crédito y un encarecimiento general de las condiciones de financiamiento, lo que termina impactando a toda la economía, incluso a quienes hacen un uso legítimo de las herramientas legales disponibles.
Desde el ámbito jurídico, también se han encendido las alertas, el abogado penalista Iván Cancino explicó que quienes participen en este tipo de esquemas podrían incurrir en delitos como concierto para delinquir, fraude procesal y falsedad en documento, conductas que, de ser probadas, pueden derivar en sanciones penales, incluidas penas de prisión.
A su vez, la presidenta del Instituto Colombiano de Derecho Concursal, Diana Talero, recordó que la insolvencia fue concebida como un mecanismo de protección para quienes atraviesan crisis económicas reales, no como una vía para eludir responsabilidades financieras, en ese sentido, advirtió que los profesionales del derecho que incurran en prácticas irregulares podrían enfrentar sanciones disciplinarias, incluida la pérdida de su tarjeta profesional.
El informe también menciona posibles patrones de articulación entre ciertos abogados y centros de conciliación, lo que facilitaría la tramitación de procesos con inconsistencias reiteradas, generando dudas sobre la transparencia y el control en estos escenarios, una situación que, según el gremio, requiere mayor supervisión por parte de las autoridades competentes.
Ante este panorama, Asobancaria hizo un llamado a fortalecer los mecanismos de control y vigilancia, así como a promover un uso responsable de la figura de la insolvencia, la advertencia es clara, quienes participen en estas prácticas no solo afectan la confianza en el sistema, sino que también se exponen a consecuencias legales, económicas y reputacionales que pueden ser severas.