Papá Pitufo es el alias que ha resonado en las últimas horas, sobre todo por las pesquisas llevadas a cabo por la fiscalía general de la Nación muestran un «roscograma», una compleja estructura de relaciones que vincularía a miembros de la Policía Nacional, fiscales y congresistas con esta red de contrabando.
Alias «Papá Pitufo»: La red de corrupción que vincula a políticos y policías con el contrabando
La Unidad Investigativa de Caracol Radio ha tenido acceso exclusivo a documentos judiciales que revelan una extensa red de corrupción, en la que aparecen nombres de reconocidos políticos y altos oficiales que, según el expediente, estarían vinculados a Diego Marín Buitrago, alias ‘Papá Pitufo’, el denominado «zar del contrabando».
La investigación sobre esta red de corrupción judicial, policial y política tuvo su punto de partida el 1 de octubre de 2022. Según fuentes consultadas, la clave para desentrañar esta organización fue una reunión realizada en la residencia del entonces ministro de Defensa, Iván Velásquez, en el norte de Bogotá.
En este encuentro, un subintendente de la Policía Fiscal y Aduanera (POLFA) que operaba como agente encubierto expuso un detallado mapa delictivo sobre las actividades de alias ‘Papá Pitufo’.
El «roscograma» analizado por los investigadores de la Fiscalía sugiere que esta organización habría infiltrado a altos mandos de la Policía Nacional, funcionarios de la Fiscalía y miembros del Congreso de la República. Aunque no se ha determinado aún la magnitud de su relación con el contrabandista, se han identificado nombres clave en la red.
Exsenador Juan Diego Gómez
Uno de los nombres que destaca en la investigación es el del exsenador Juan Diego Gómez. Según los informes del agente encubierto y los documentos en poder de la Fiscalía, Gómez habría utilizado su influencia para manipular nombramientos en la Policía Nacional, presuntamente en beneficio de alias ‘Papá Pitufo’.
El documento señala que Gómez tendría un control significativo sobre la Policía Fiscal y Aduanera en varias ciudades estratégicas del país, incluyendo Cartagena, Bogotá, Cúcuta, La Guajira, Santa Marta y especialmente Barranquilla.
Estas afirmaciones fueron respaldadas por una serie de grabaciones obtenidas por el agente encubierto en reuniones con Diego Marín Buitrago.
Uno de los momentos más reveladores de la investigación es la grabación de una reunión que tuvo lugar el 4 de agosto de 2023 en el Hotel Las Américas en Cartagena. En la grabación, alias ‘Papá Pitufo’ menciona explícitamente la intervención del exsenador Juan Diego Gómez en el nombramiento del mayor Royce Díaz como jefe de la POLFA en Barranquilla.
Este oficial es actualmente objeto de investigación por su presunta participación en la red de corrupción y contrabando.
Según las declaraciones obtenidas, la designación de Royce Díaz habría sido promovida por Gómez con el objetivo de garantizar que la estructura criminal liderada por alias ‘Papá Pitufo’ pudiera operar sin interferencias en los puertos y puntos de control aduanero estratégicos.
Las primeras conclusiones de la Fiscalía apuntan a que algunas denuncias anónimas contra la POLFA en Barranquilla habrían sido redactadas por los mismos funcionarios de la institución que formaban parte de la red delictiva.
Esto indica que la estructura corrupta estaba diseñada para blindarse y evitar ser descubierta.
Asimismo, se ha determinado que Diego Marín Buitrago tenía una influencia significativa en las decisiones administrativas y operativas dentro de la POLFA, consolidando su dominio en el contrabando a gran escala en Colombia.
El caso sigue en desarrollo y se espera que en los próximos días la Fiscalía General de la Nación solicite nuevas audiencias para continuar con la imputación de cargos a los implicados.
La expectativa es que en las próximas semanas se revelen más nombres de funcionarios y empresarios vinculados a la estructura delictiva.
Por ahora, el país sigue atento a las repercusiones de este escándalo, que podría salpicar a varios sectores del poder político y judicial. La conexión entre el contrabando y la alta esfera del Estado pone en evidencia los desafíos que enfrenta Colombia en la lucha contra la corrupción y el crimen organizado.
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