El proceso judicial contra Juliana Guerrero dio un nuevo paso luego de que la exfuncionaria aceptara su responsabilidad por el delito de fraude procesal y suscribiera un preacuerdo con la Fiscalía General de la Nación. Los términos de la negociación fueron presentados este miércoles ante un juzgado de Bogotá, que deberá continuar con el trámite correspondiente.
La investigación está relacionada con dos títulos académicos que Guerrero incorporó posteriormente a su hoja de vida: uno como tecnóloga y otro como contadora pública. Según la Fiscalía, las acreditaciones fueron obtenidas sin que se cumplieran las condiciones requeridas para su expedición por parte de la Fundación Universitaria San José.
El caso adquirió relevancia por el uso que se habría dado a esos documentos dentro de trámites oficiales. La Fiscalía sostiene que Guerrero conocía las irregularidades que rodeaban la obtención de las credenciales y, pese a ello, decidió presentarlas en su hoja de vida.
Caso Juliana Guerrero: ¿qué aceptó ante la Fiscalía y cuál es el beneficio?
Durante la diligencia, la fiscal Jessica Montealegre explicó que Guerrero aceptó los cargos que habían sido formulados en su contra por fraude procesal. La funcionaria también señaló que, dentro de la negociación, la Fiscalía modificó el grado de participación atribuido a la procesada, pasando de autora a cómplice.
Esta modificación representa un beneficio jurídico dentro del preacuerdo y está relacionada con la reducción de la eventual sanción que deberá ser evaluada por el juez competente.
De acuerdo con la explicación entregada por la Fiscalía, Guerrero no habría cumplido los requisitos académicos necesarios para recibir los títulos. La investigación sostiene además que no asistió a las clases ni presentó las evaluaciones correspondientes al proceso mediante el cual fueron expedidas las acreditaciones.
La Fiscalía considera que el propósito de incorporar los documentos a su hoja de vida era inducir a error al funcionario encargado de su nominación en el Ministerio de Igualdad. Ese elemento constituye uno de los puntos centrales de la acusación por fraude procesal.
El proceso tuvo un desarrollo diferente en sus primeras etapas. Ante un juez de control de garantías, Guerrero se había declarado inocente frente a los señalamientos. Posteriormente, al avanzar el proceso ante un juez de conocimiento, optó por aceptar su responsabilidad como parte de la negociación alcanzada con el ente investigador.
La Fiscalía explicó que el acuerdo busca contribuir a una administración de justicia más eficiente y contempla la degradación de la participación de autora a cómplice. Sin embargo, los términos del preacuerdo todavía deben surtir el trámite judicial correspondiente.
Guerrero había alcanzado notoriedad pública durante el gobierno del expresidente Gustavo Petro, especialmente después de su aparición en un consejo de ministros que fue transmitido públicamente. Posteriormente, su nombre quedó relacionado con la controversia por las credenciales académicas atribuidas a la Fundación Universitaria San José.
Ahora, con la aceptación de responsabilidad, el proceso entra en una fase en la que el juez deberá revisar las condiciones del acuerdo presentado por la Fiscalía. Entre los aspectos que serán objeto de análisis está la rebaja de pena derivada de la negociación.
El caso, por tanto, todavía debe completar las etapas judiciales correspondientes. La aceptación de cargos y el preacuerdo representan un nuevo capítulo del proceso, pero será el juez quien determine la procedencia del acuerdo y las consecuencias jurídicas que correspondan.