Tras una tutela de la viuda del senador Uribe Turbay, María Claudia Tarazona, la Corte Constitucional determinó que el entonces director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), Augusto Rodríguez Ballesteros reveló información sobre el esquema de funcionario asesinado, además de detalles de la vida personal de Uribe Turbay.
Adicionalmente, la Corte también concluyó que la UNP no atendió de manera correcta una solicitud por parte de María Claudia Tarazona respecto a dicha información revelada, lo que vulnera el derecho a la réplica política.
Por su parte, la Sala Cuarta de Revisión de la Corte revisó los derechos de petición presentados sobre la entrega de información privada sin autorización alguna por parte de Rodríguez Ballesteros. También se observan con atención las declaraciones del exdirector de la UNP cuestionando al esquema de seguridad y las propias actuaciones de Miguel Uribe que habrían llevado a su asesinato.

¿Qué dijo el entonces funcionario de la UNP sobre Miguel Uribe?
En entrevista con RTV, doce días después del atentado contra Uribe Turbay, Rodríguez Ballesteros aseguró que el precandidato no solicitó el fortalecimiento del esquema de seguridad. Esto provocó una revictimización, negación de hechos de lo sucedido al político, de acuerdo con el derecho de petición.
Tarazona sostiene que lo dicho por Rodríguez Ballesteros sobre el senador que de acuerdo con el exdirector de la UNP “nunca solicitó seguridad adicional a la UNP o a la Policía Nacional”, son completamente falsas. Miguel Uribe solicitó el fortalecimiento en abril de 2024.
La tutela sostiene que la UNP realizó “una mala práctica al fracturar y debilitar el esquema de seguridad”, lo cual habría facilitado el atentado al precandidato Uribe.
Por lo tanto, la Fiscalía General de la Nación evalúa una posible imputación de cargos para definir la situación jurídica de Augusto Rodríguez Ballesteros. Una de las posibilidades es acusarlo de omisión de las funciones o también es posible que se archive el caso.
En consecuencia, la Corte Constitucional solicitó a la UNP actualizar y fortalecer sus protocolos de difusión de información, especialmente de una persona que está siendo protegida por la entidad.
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