La Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI) respondió este lunes a las declaraciones realizadas por el presidente Gustavo Petro, quien en el más reciente Consejo de Ministros propuso destinar recursos provenientes de concesiones viales de cuarta (4G) y quinta generación (5G) para financiar campañas de vacunación contra la fiebre amarilla en el país.
El presidente ejecutivo de la CCI, Juan Martín Caicedo, calificó la propuesta como inviable tanto desde el punto de vista jurídico como presupuestal, y recordó que los recursos asignados a estos proyectos ya están comprometidos en obras que se han desarrollado bajo estrictos esquemas contractuales y de financiación con capital privado.
“Todos los proyectos de concesión 4G y 5G están cumpliendo cabalmente con sus actividades y obligaciones. Ninguno se encuentra en estado de incumplimiento”, afirmó Caicedo en un comunicado oficial.
CCI advierte que los recursos de las concesiones viales están legal y contractualmente comprometidos
El directivo explicó que las vigencias futuras destinadas a los contratos de concesión tienen una función específica: cubrir los pagos por obras ya ejecutadas y entregadas al Estado.
Es decir, son compromisos financieros previamente adquiridos con recursos del sector privado, que ahora están siendo reembolsados gradualmente por el Estado.
Caicedo advirtió que “es evidente, y así lo puede demostrar una auditoría independiente, que las obras que hoy se encuentran paralizadas o sin finalizar lo están por falta de decisiones en el ámbito del Gobierno Nacional, no por responsabilidad de los concesionarios”.
Recursos comprometidos y limitaciones legales
De acuerdo con la CCI, los fondos públicos transferidos a las fiducias de estos proyectos se encuentran completamente ejecutados en términos presupuestales, por lo que jurídicamente no pueden ser redirigidos a otros sectores, como la salud, tal como sugirió el jefe de Estado.
Asimismo, la Cámara aclaró que, de los múltiples proyectos de concesión en marcha, solo tres presentan dificultades para su inicio o finalización, y que en todos los casos estas situaciones responden a retrasos en la entrega de licencias ambientales, un proceso que compete exclusivamente al Gobierno Nacional.
Entre los proyectos en cuestión se encuentran la Perimetral Oriental de Bogotá y la vía Bucaramanga-Pamplona. Según Caicedo, ambas concesiones podrían ser liquidadas por mutuo acuerdo, lo que permitiría liberar parcialmente recursos futuros, siempre y cuando se apliquen las fórmulas contractuales de liquidación pactadas.
Uno de los puntos más sensibles abordados por la CCI fue el proyecto Mulaló–Loboguerrero, que el presidente Petro señaló como un caso emblemático de recursos no ejecutados.
Según el mandatario, el concesionario estaría en deuda con el Estado por $1,8 billones, una afirmación que la CCI desmintió rotundamente.
“El total de vigencias futuras giradas al patrimonio autónomo del proyecto asciende a $1,8 billones, y estos recursos han generado rendimientos por $400.000 millones. En total, hay $2,2 billones bajo custodia de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), no del concesionario. Es falso que haya deuda alguna”, indicó el gremio.
Además, insistieron en que el uso de esos recursos no está en manos del concesionario, sino que depende exclusivamente de una decisión del Gobierno: continuar la obra a precios actualizados o dar por terminado el contrato.
Un llamado al diálogo y la rigurosidad
Finalmente, la CCI defendió el esquema de vigencias futuras como una herramienta eficaz de financiación pública, señalando que incluso el actual Gobierno ha recurrido a este modelo para proyectos estratégicos como el corredor férreo La Dorada–Chiriguaná, y deberá seguir haciéndolo para obras como la vía Pasto–Popayán.
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