En su más reciente columna el ex vicepresidente de la república, Germán Vargas Lleras, habló sobre el polémico proyecto de ley para reformar la justicia, que fue aprobado por el Congreso esta semana.
Por: Redacción 360 Radio
En la columna de este domingo que publicó Germán Vargas Lleras en El Tiempo criticó la reforma a la justicia, en cuanto a los puntos que hablan sobre la seguridad jurídica, precedente judicial vinculante, límites al abuso de la tutela, acceso y descongestión.
Principalmente, se dedicó a cuestionar el papel que tendría la Procuraduría una vez esta ley esté vigente, señalando que «existen jurisdicciones que se encargan de esta labor y que no hay necesidad de ese costoso e inconstitucional andamiaje».
Para Vargas Lleras, que tiene intenciones de llegar a la presidencia, es posible que se cierre la Procuraduría sin que nada suceda, en cambio se ahorraría un billón de pesos cada año. «Podríamos cerrar la Procuraduría sin que nada ocurriese, distinto a que el país se ahorraría más de 1 billón de pesos al año, que bien podrían destinarse al propio sector de la justicia».
Aseguró que además de Colombia y México, ningún otro país en el mundo cuenta con una entidad similar a «semejante engendro», haciendo referencia a la Procuraduría.
«Eliminar la Procuraduría General de la Nación ha debido ser el proyecto con el que pasaría a la historia la doctora Cabello y le hubiera prestado gran servicio a la nación. Mientras tanto, bien haría el Gobierno en objetar ambas leyes, primero por inconvenientes, también por inconstitucionales y porque son una burla a la política de austeridad, tan cacareada por el Gobierno», aseveró Germán Vargas.
En esta columna de opinión también presentó cifras exactas que respalda esta premisa, dijo que «según el BID se encontró que para 2019, de 79.731 quejas la procuraduría solo profirió 921 fallos sancionatorios».
En el texto, titulado «Dos leyes rechimbas», manifestó también que «la PGN y sus 4.300 funcionarios le cuestan al país anualmente 910.000 millones, que sumados a los gastos de la Fiscalía, Contraloría y Defensoría llegan a 7,3 billones de pesos para atender a más de 40.000 empleados al año».
