En una carta dirigida al Dr. Silva, Claro Colombia, uno de los principales operadores de servicios móviles, ha expresado su profunda preocupación y objeciones frente a las propuestas regulatorias presentadas por la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC).
La comunicación destaca el compromiso continuo de Claro con la inversión, subrayando que ha representado consistentemente cerca de la mitad de la inversión total del sector, según el Observatorio de Inversión en Telecomunicaciones de la CRC en diciembre de 2023. Además, resalta el aumento significativo de la inversión de la compañía, que alcanzó el 54,42% en 2022.
Claro contrasta este compromiso inversor con la disminución de la inversión por parte de algunos competidores, citando a Movistar como ejemplo. La carta menciona que en 2017, la empresa de telecomunicaciones fue responsable del 26,08% de las inversiones, pero en 2022 apenas invirtió el 9,07%, calificando esta reducción como un obstáculo para cerrar la brecha digital y perjudicial para los usuarios.
La carta también destaca las recomendaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), que enfatiza la necesidad de que las medidas regulatorias sean razonables y proporcionadas, no distorsionen la competencia y no reduzcan sustancialmente las ventajas legítimas del líder del mercado.
Claro le solicita a la CRC revisar las decisiones de la SIC
En particular, Claro hace énfasis en la objeción de la SIC a la propuesta de restringir el contacto a usuarios portados, argumentando que esto limitaría desproporcionadamente los derechos de los usuarios y afectaría negativamente a poblaciones con menos recursos.
En relación con la propuesta de compartir la infraestructura pasiva, Claro respalda la sugerencia de la SIC de que esta obligación se aplique de manera general a todos los operadores para garantizar transparencia y fomentar la compartición efectiva.
Finalmente, la carta concluye solicitando a la CRC que considere las recomendaciones de la SIC para evitar la introducción de normas que distorsionen la competencia y afecten los incentivos a invertir. Además, reitera la preocupación sobre la adopción de normas particulares dirigidas a un operador, instando a que estas se realicen mediante resoluciones específicas y concretas para preservar el debido proceso y la buena fe.