El hecho:
El representante Alejandro Toro anunció un debate de control político a la ministra TIC, Alexandra Falla, y a la gerente de Inravisión, Ángela María Mora, por el cierre de 20 emisoras de paz y otras decisiones sobre medios.
¿Por qué es importante?:
Porque se cuestiona el posible impacto de estas medidas sobre el derecho a la información de comunidades ubicadas en zonas de conflicto.
¿Cuál es el contexto?:
Toro sostiene que las emisoras hacen parte de compromisos derivados del Acuerdo de Paz y que su cierre podría afectar a más de 467.000 personas. También denunció posibles actos discriminatorios contra periodistas indígenas.
¿A quiénes afecta y cómo?:
A las comunidades de zonas de conflicto que dependen de estas emisoras para informarse, y a periodistas que podrían verse afectados por las decisiones cuestionadas.
El dato que no se puede perder:
El debate buscará determinar si el cierre de las 20 emisoras incumple compromisos del Estado y vulnera el derecho a la información de cientos de miles de personas.
Alejandro Toro, representante a la Cámara por el Pacto Histórico, anuncio la citación a debate de control político a la ministra de las Tecnologías y Comunicaciones, Alexandra Falla y a la gerente de Inravisión, Ángela María Mora Soto por el cierre de 20 emisoras de paz además de otras medidas en medios de comunicación del país.
De acuerdo con el representante Toro, las medidas de Falla “configurarían un detrimento patrimonial, incumplimiento acuerdos de Estado y vulneración al derecho a la información a más de 460.000 personas en zonas de conflicto”.
Toro apunta a que estas emisoras de paz “no va a los vaivenes ideológicos, políticos o de gobierno, es un acuerdo de estado que sale del acuerdo de paz”.
“A más de 467.000 personas se les está vulnerando el derecho a la información, que justamente de ahí nace este compromiso del estado”, añadió el representante.
Por otro lado, el congresista afirmó que el periodista Omar Jaimes participó en un consejo de redacción, a pesar no tener un contrato. Jaimes habría sugerido que los periodistas y presentadores indígenas no podrían aparecer en cámara, amenos que vistieran «de civil».
“Preguntaremos esto en el cuestionario anexo a la citación de debate de control político, puesto que el artículo 134A del Código Penal, incorporado por la Ley 1482 de 2011 y modificado por la Ley 1752 de 2015. Sanciona a quien arbitrariamente impida, obstruya o restrinja el pleno ejercicio de los derechos de una persona por una razón discriminatoria. La legislación protege expresamente frente a discriminaciones por etnia y otras razones discriminatorias”, añadió Toro.
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