El panorama fiscal de Colombia para 2026 ha dado un giro inesperado con la entrada en vigor del Decreto 173 de 2026, una normativa que revive el impuesto al patrimonio para personas jurídicas. Aunque la medida busca recaudar recursos para atender la crisis climática, el sector financiero ha levantado una voz de alerta: la carga impositiva no solo afectará las utilidades, sino que podría comprometer los indicadores de solvencia y la dinámica de crédito en el país.
A diferencia de la tarifa general del 0,5% aplicada a la mayoría de las empresas, el Gobierno Nacional estableció una tarifa especial del 1,6% para las instituciones financieras, aseguradoras y comisionistas de bolsa. Este tributo se calcula sobre el patrimonio líquido poseído al 1 de marzo de 2026, siempre que este supere las 200.000 UVT aproximadamente $10.474 millones de pesos.
Colombia Impacto del Decreto 173 en las entidades financieras
El impacto ya tiene cifras concretas. Entidades de gran envergadura, como el Banco de Bogotá, han proyectado que este gravamen reducirá sus resultados anuales en cerca de $140.000 millones de pesos. Según analistas del sector, el carácter no deducible de este impuesto agrava la situación en Colombia, ya que drena directamente el flujo de caja y la rentabilidad neta de las organizaciones.
La preocupación central de los banqueros radica en la solvencia. En el sistema financiero, el patrimonio no es solo un acumulado de riqueza, sino el respaldo técnico necesario para otorgar créditos.
Al detraer capital mediante impuestos directos al patrimonio, se reduce el margen de maniobra de los bancos para expandir su cartera.
Menos capital, menos crédito: Por cada peso que se retira del patrimonio para pagar impuestos, se pierde la capacidad de colocar múltiples pesos en préstamos para vivienda, consumo o industria.
Expertos advierten que este incremento en la carga fiscal podría trasladarse indirectamente a los clientes mediante ajustes en las tasas de interés o comisiones por servicios. Desde gremios como Asobancaria y centros de pensamiento económico, se ha señalado que cambiar las «reglas del juego» en medio de una vigencia fiscal genera una profunda inseguridad jurídica.
La posibilidad de que el impuesto sea impugnado ante las altas cortes está sobre la mesa, mientras los inversionistas internacionales observan con cautela la competitividad de Colombia frente a otros mercados de la región.
A esto se suma que el sector financiero ya enfrenta una sobretasa en el impuesto de renta, lo que podría elevar su tasa efectiva de tributación a niveles cercanos al 50%. Este escenario plantea un desafío mayor: cómo mantener un sistema financiero sólido y reactivador de la economía bajo una presión tributaria que castiga la acumulación de capital técnico.
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