El presidente Gustavo Petro sancionó este viernes, desde el municipio de Cereté, la Ley Estatutaria de Jurisdicción Agraria, una norma que busca reorganizar la forma en que se resuelven los conflictos relacionados con la tierra en Colombia y fortalecer el acceso a la justicia en las zonas rurales.
El acto se llevó a cabo en el polideportivo del municipio cordobés, donde además el Gobierno oficializó la entrega de más de 3.000 hectáreas a familias campesinas afectadas por recientes emergencias climáticas. Según se informó, estos predios beneficiarán a más de 1.000 hogares, como parte de la estrategia de atención a poblaciones vulnerables en el campo.
Ley de Jurisdicción Agraria: qué cambia con la sanción de Petro y cómo impacta al campesinado en Colombia
La nueva legislación introduce cambios a la estructura judicial vigente, al modificar la Ley 270 de 1996, con el propósito de crear un sistema especializado que atienda exclusivamente los asuntos agrarios. En ese sentido, se establece una jurisdicción enfocada en conflictos sobre tierras, derechos del campesinado y dinámicas territoriales, con jueces que tendrán competencia específica en estos temas.
Uno de los principales alcances de la ley es la creación de tribunales y juzgados agrarios, que permitirán descentralizar la justicia y acercarla a las comunidades rurales. Mientras los tribunales asumirán funciones de decisión en casos complejos y de segunda instancia, los juzgados se encargarán de la atención directa en los territorios, especialmente en zonas apartadas.
Además, la norma contempla la conformación de equipos técnicos interdisciplinarios que apoyarán los procesos judiciales, con el fin de mejorar la calidad de las decisiones y garantizar mayor rigor en la resolución de disputas.
Otro de los elementos clave es la incorporación de facilitadores agrarios y rurales, figuras que tendrán la tarea de orientar a los ciudadanos sobre sus derechos y los procedimientos judiciales. Este acompañamiento será gratuito y busca reducir las barreras de acceso al sistema, especialmente para comunidades con limitaciones económicas o geográficas.
Con esta apuesta, el Gobierno nacional pretende consolidar una justicia más cercana, especializada y efectiva para el campo, en un contexto donde históricamente los conflictos por la tierra han sido uno de los principales desafíos del país.
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