En política, el silencio no es neutral. Es una respuesta. Y el silencio de Iván Cepeda ante las denuncias sobre las disidencias de alias Calarcá —la estructura criminal Jorge Suárez Briceño— haciendo campaña a su favor en el Caquetá, el Guaviare y el Pacífico, habla con una claridad que ningún discurso podría superar.
Los hechos están documentados y son graves. El gobernador del Caquetá denunció públicamente que combatientes bajo el mando de Calarcá están intimidando a presidentes de juntas de acción comunal, a líderes religiosos y a comunidades enteras para que voten por Cepeda el próximo 21 de junio. Rodrigo Lara asegura tener reportes directos de cómo esas mismas estructuras impulsan el voto en el litoral Pacífico. Caracol reveló coordinación entre miembros del grupo y personas cercanas al gobierno. Audio difundido esta semana muestra a integrantes de las FARC pidiendo votar por «el compañero» candidato.
Cuatro días después de que todo esto fuera noticia nacional, Cepeda no había emitido una sola condena clara. No rechazó el apoyo criminal. No se desmarcó del respaldo de una organización que el propio Estado colombiano clasifica como terrorista. Cuando fue preguntado directamente por Calarcá, respondió que «examinaría ese proceso de negociación sin adelantar conclusiones». Una respuesta que, en el mejor de los casos, es una evasiva; en el peor, es una señal.
Esto no es un detalle menor de campaña. Es una pregunta de Estado.
Un presidente de Colombia debe poder mirar a los ojos a los colombianos y decir sin titubear que los grupos terroristas no tienen lugar en la vida política del país. Que no se negocia con quienes intimidan votantes. Que quien porte un fusil para condicionar el sufragio no es un actor político: es un criminal. Esa declaración no debería costarle nada a un candidato honesto. El hecho de que le cueste tanto a Cepeda dice todo lo que necesitamos saber.
No es la primera vez. La Silla Vacía documentó este patrón y El Colombiano registró diez ocasiones en que Cepeda guardó silencio ante escándalos graves del gobierno Petro. Hay una consistencia aquí que no puede atribuirse a la cautela ni al rigor: hay una complicidad implícita con quienes, a punta de fusil y panfleto, decidieron que también ellos tienen derecho a votar —y a obligar a otros a votar como ellos.
Los colombianos de bien —los que no tienen escoltas, los que viven en esas regiones donde un panfleto de Calarcá es una amenaza real— merecen un presidente que los defienda. No uno que finja no ver lo que ocurre porque el voto le conviene.
El silencio de Cepeda no es prudencia. Es una respuesta. Y los colombianos tienen derecho a leerla como tal.
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