El Gobierno de Colombia, a través del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, anunció su intención de renegociar el tratado de inversión con el Reino Unido, en un esfuerzo por equilibrar los beneficios del acuerdo y asegurar un marco más equitativo tanto para el Estado colombiano como para las empresas extranjeras.
Panorama general: El ministro Luis Carlos Reyes, en una entrevista con el Financial Times, explicó que el actual acuerdo, firmado en 2014, favorece desproporcionadamente a las empresas británicas en detrimento del interés público colombiano. Según Reyes, el Gobierno valora profundamente la relación bilateral con el Reino Unido, pero considera que algunos aspectos del tratado deben ser revisados para garantizar un balance más justo.
“Colombia valora enormemente todos los aspectos de sus relaciones bilaterales con el Reino Unido, incluida la inversión que viene de allá para acá y su contribución al crecimiento económico de nuestro país”, declaró Reyes. Sin embargo, subrayó que ciertos mecanismos establecidos en el tratado, como las cláusulas de resolución de disputas, requieren una revisión urgente.
Colombia propone renegociar el tratado de inversiones con el Reino Unido para mayor equidad
Por qué es importante: Una de las principales preocupaciones del Gobierno colombiano es la cláusula que establece que cualquier controversia entre las empresas británicas y el Estado colombiano sea resuelta mediante paneles de arbitraje internacional. Esta práctica, común en tratados de inversión, ha sido objeto de críticas por favorecer a las multinacionales sobre los estados, lo que genera costos significativos para los países en desarrollo.
En este contexto, Reyes propone que las disputas sean resueltas bajo el marco de la legislación colombiana, destacando que el sistema judicial del país cuenta con las herramientas necesarias para garantizar un debido proceso y la protección de los derechos de los inversionistas extranjeros.
Empresas británicas como Glencore y Anglo American han tenido enfrentamientos legales con Colombia debido a proyectos interrumpidos por disputas relacionadas con los derechos de las comunidades indígenas y la protección ambiental. Estas controversias han puesto de relieve la tensión entre el desarrollo económico impulsado por la inversión extranjera y la preservación de los derechos sociales y ambientales.
Oportunidad para el cambio
El tratado bilateral alcanzó su décimo aniversario en octubre de 2024, momento en el que ambas partes tienen la posibilidad de denunciarlo o renegociarlo. Aunque el Gobierno colombiano decidió no cancelar el acuerdo, señaló su intención de reformarlo para reflejar un enfoque más balanceado.
“Somos de la convicción de que todos los estados democráticos tienen legitimidad sobre lo que conviene a las empresas. Estamos convencidos de que el sistema de justicia colombiano tiene las herramientas para garantizar a los inversionistas todas las protecciones razonables”, enfatizó el ministro Reyes.
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