Durante el segundo día del 7º Congreso Internacional del GLP, que se desarrolla en el Club El Nogal de Bogotá, se llevó a cabo el panel “La estabilidad jurídica e institucional en los servicios públicos”, donde congresistas y líderes políticos discutieron los desafíos de Colombia frente a la transición energética, la seguridad jurídica y los impactos sociales de las decisiones en el sector.
En el espacio participaron Paloma Valencia, senadora del Partido Centro Democrático; Jennifer Pedraza, representante a la Cámara de la Coalición Centro Esperanza; Juan Fernando Espinal, representante a la Cámara por el Centro Democrático; Daniel Briceño, concejal de Bogotá del mismo partido; Richard Fuelantala, senador del Partido AICO; y Juan Daniel Peñuela Calvache, representante a la Cámara por el Partido Conservador.
La senadora Paloma Valencia destacó que el país tiene una oportunidad histórica si logra consolidar un superávit energético capaz de atraer a las industrias más demandantes, como la inteligencia artificial.
“El mundo va a triplicar o quintuplicar su demanda energética. Si Colombia se pone a tono, podemos atraer grandes empresas de tecnología y evitar que nos borre la ola de la automatización”, aseguró.
Valencia propuso avanzar en tres frentes:
- Crecimiento energético sostenible, con participación de las comunidades.
- Reforma de la consulta previa, que permita convertir regalías y obras en beneficios reales.
- Sistematización de la información ambiental, para garantizar procesos eficientes y serios.
Además, el concejal de Bogotá, Daniel Briceño, cuestionó lo que llamó “falso ambientalismo”, al considerar que ha frenado inversiones estratégicas.
“Nos dicen que los hidrocarburos contaminan, pero se omite que los mayores daños vienen de la minería ilegal y la deforestación. Hoy la primera línea del Metro de Bogotá ni siquiera tiene asegurada la energía para funcionar en tres o cuatro años”, alertó.
Briceño recordó que proyectos como Sogamoso y Chivor llevan más de cuatro años esperando licencias, lo que ha afectado la expansión energética hacia el centro del país.
Transición energética y estabilidad jurídica: ejes del debate en el Congreso del GLP en Bogotá
El representante Juan Fernando Espinal advirtió que la crisis actual obligará al sucesor de Gustavo Petro a tomar decisiones drásticas: “Al siguiente gobierno le va a tocar declarar una emergencia económica y social para evitar el apagón y el racionamiento. Tenemos que explorar y producir en toda la matriz energética”, sostuvo.
Espinal también denunció falta de seguridad jurídica y física:
- Recordó que proyectos eólicos en La Guajira se frenaron por trabas en la consulta previa.
- Señaló que empresas como Celsia han preferido invertir en Perú, donde encuentran mayor estabilidad.
- Ligó la desconfianza inversionista a la crisis de orden público y la violencia contra la Fuerza Pública.
Desde una visión distinta, la representante Jennifer Pedraza pidió autocrítica a los partidos tradicionales y llamó a repensar el modelo productivo del país.
“En Colombia no producimos nada. Los partidos tradicionales renunciaron a desarrollar productivamente este país. Si no rompemos el ciclo de corrupción, la gente seguirá viendo a cualquier sector productivo como enemigo”, afirmó.
Pedraza insistió en que la agenda hacia 2026 debe girar alrededor de la lucha contra la pobreza, la respuesta a la crisis climática, la reducción de la desigualdad y la representación de la juventud.
El panel reflejó la polarización en torno al futuro energético de Colombia: mientras voces del Centro Democrático y el Conservatismo alertaron sobre un posible racionamiento y exigieron reglas claras para la inversión, sectores alternativos llamaron a priorizar justicia social, lucha contra la corrupción y transformación productiva.
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