Colombia no se puede quedar sin pasaportes. Ningún ciudadano colombiano puede verse secuestrado dentro del país por cuenta de la incapacidad del Estado para garantizar la expedición o renovación de un documento que no solo es esencial para viajar, sino también para ejercer derechos y cumplir deberes en el exterior.
El pasaporte es un servicio público pago. El ciudadano asume un costo económico por obtenerlo, y por tanto el Estado está obligado a garantizar su acceso oportuno, sin excusas ni dilaciones.
Desde el primer momento compartimos la preocupación legítima del presidente Gustavo Petro frente a las licitaciones con un solo proponente. No es sano para el país ni para la democracia que un solo actor se convierta en el dueño de un proceso contractual, sin competencia ni supervisión real.
Esa crítica es válida. Pero lo que jamás podrá ser válido es que, en nombre de esa preocupación, se atropellen las leyes, se salten las reglas o se impongan decisiones arbitrarias que terminan siendo más perjudiciales que el problema original.
No podemos desconocer que en el fondo hay una disputa mucho más profunda. Históricamente, la firma Thomas Greg & Sons ha sido contratista recurrente de los gobiernos, encargada no solo de pasaportes, sino también de los tarjetones electorales y buena parte de la logística comicial.
El gobierno actual, en cabeza del presidente Petro y su nuevo escudero, el pastor Alfredo Saade, intenta trasladar esa responsabilidad a la Imprenta Nacional, una entidad que nunca ha tenido esa experiencia y sobre la cual pesan serias dudas de capacidad técnica y transparencia.
¿Qué garantías ofrece la Imprenta Nacional? Ni en efectividad, ni en calidad, ni en cumplimiento de estándares internacionales hay respuestas claras.
El sindicato de la entidad ya advirtió que no cuentan con la tecnología ni con el personal capacitado para producir pasaportes.
La cancillería lo ha dicho también: la Imprenta no estaba lista hace un año y tampoco lo estará en los próximos cuatro meses. Aun así, la orden desde Presidencia fue forzar la entrega del contrato, lo que provocó la renuncia de Laura Sarabia.
Sarabia, hasta ahora escudera de confianza del presidente, deja entrever un conflicto grave. En su carta de renuncia es clara: «Se han tomado decisiones que no comparto y que, por coherencia personal y respeto institucional, no puedo acompañar». No son diferencias menores.
Es un rumbo que, en sus palabras, ya no puede ejecutar. Su salida deja un manto de duda inquietante. ¿Qué tan grave fue lo que se quiso imponer desde el Ejecutivo para que una figura clave del gobierno haya decidido irse?
Estamos frente a un riesgo de mayores proporciones. Si otros países o autoridades internacionales no reconocen ni confían en los pasaportes que emita Colombia, pueden quedar suspendidos acuerdos, convenios y alianzas diplomáticas.
Eso afectaría directamente a todos los ciudadanos que requieran salir del país por razones de estudio, trabajo, salud o reunificación familiar. Ya hay reportes de colapsos en consulados y de retrasos significativos en las renovaciones, justo en un servicio que solía operar de forma eficiente.
Y es allí donde se revela una constante de este gobierno: dañar lo que sí funcionaba sin lograr reparar lo que no funciona.
No puede haber dudas: Colombia no tiene hoy un convenio con Portugal, como falsamente se ha dicho. No existe planta de producción nacional ni tecnología suficiente. La Imprenta Nacional jamás ha producido un pasaporte. Lo cierto, lo grave, lo urgente, es que los colombianos están a punto de quedarse sin pasaporte por un capricho político y un pulso de poder.
Al menos queda por reconocer un gesto mínimo de decencia por parte de Laura Sarabia, quien se retiró cuando entendió que se cruzaban líneas rojas. Pero eso no basta.
Exigimos que el gobierno rectifique de inmediato, que garantice la expedición continua, segura y confiable de pasaportes, y que ponga los derechos de los colombianos por encima de cualquier intento de concentración institucional del poder.
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