La Procuraduría General ha entregado sus observaciones al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo respecto al Proyecto de Decreto «Por el cual se establece una prohibición a las exportaciones de carbón a Israel». Estas observaciones se centran en varios puntos críticos que, según la Delegada para Asuntos Ambientales, Minero Energéticos y Agrarios, deben ser considerados detenidamente antes de proceder con la implementación de la medida.
Panorama general: Uno de los principales reparos destacados por la Procuraduría sobre las exportaciones de carbón a Israel, habla sobre la significativa reducción de ingresos para el Estado colombiano debido a las exportaciones de carbón térmico a Israel, que ascienden a 650 mil millones de pesos anuales en concepto de regalías, impuestos y contribuciones. Esta suma incluye 100 mil millones de pesos directamente destinados a los departamentos de La Guajira y Cesar. La Procuraduría enfatiza la ausencia de un análisis técnico detallado en el proyecto de decreto sobre cómo el Estado compensará esta pérdida durante la duración del conflicto en Gaza.
Observaciones y críticas al proyecto sobre exportaciones de carbón a Israel
Por qué es importante: La Procuraduría cuestiona la idoneidad del proyecto de decreto para lograr un objetivo constitucionalmente legítimo. Alega que no se ha demostrado técnicamente que la prohibición de exportación de carbón a Israel sea la medida más adecuada y efectiva para alcanzar los fines propuestos, como garantizar la seguridad nacional o contribuir a la paz en la región.
Además, se plantea el riesgo de daño antijurídico debido a la insuficiente justificación del proyecto, lo cual podría llevar a una nulidad por falsa motivación. La Procuraduría argumenta que la medida podría contravenir el tratado de libre comercio vigente entre Colombia e Israel, suscrito en 2017 y en efecto desde 2020. Este tratado compromete a Colombia a cumplir con ciertas disposiciones comerciales internacionales que podrían verse afectadas por la prohibición propuesta.
Finalmente, la Procuraduría critica que el proyecto de decreto invoque el artículo 259 del Plan Nacional de Desarrollo actual, que permite al gobierno adoptar medidas comerciales restrictivas por razones de seguridad nacional y protección de la industria. Sin embargo, considera que la prohibición de exportación de carbón no cumple con estos criterios y, en cambio, podría perjudicar la libre industria y comercio en el país, así como los derechos fundamentales a la iniciativa privada y la libertad de empresa.
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