Cada año, Colombia escucha innumerables escándalos de corrupción política en todos sus niveles, desde los consejos, las asambleas y, obviamente, el Congreso de la República. Como siempre lo hemos dicho en este medio de comunicación, no basta con ir al problema en su fase final, sino que hay que ir a la raíz y entender por qué se originan las cosas, por qué se producen y lo que ocurre.
En el Congreso, estamos viendo presuntas compras de conciencia a un presidente del Senado, a un presidente de la Cámara, donde hay más de 12 congresistas involucrados. Han existido carruseles de la contratación en ciudades como Bogotá, donde concejales están implicados. Centenares de diputados y otros corporados afrontan procesos ante la Procuraduría y la Fiscalía por corrupción y fallas disciplinarias.
Le puede interesar: El nuevo gran negocio de las telecomunicaciones en Colombia
El problema radica en que cuando una persona quiere aspirar al Consejo, la Asamblea o el Congreso de la República, se encuentra con que el primer filtro es pertenecer a un partido político, preferiblemente compartiendo una ideología. Dentro de un partido político, hay grupos y facciones con estructuras creadas, decenas de contratistas y empresarios de contratación. Ser candidato implica muchas veces pertenecer a uno de esos grupos políticos y hacer fila, empezando por el cargo más bajo y escalando dentro de la estructura de ese equipo.
Para hacer una campaña, desde la más pequeña hasta la más grande, se necesitan altísimas sumas de dinero. Una campaña para la asamblea puede costar entre 1.500 y 2.000 millones de pesos, para un consejo entre 2.000 y 3.000 millones, y para el Congreso de la República, la más económica puede costar 2.500 millones de pesos y una decena puede llegar hasta los 10.000 millones de pesos. Con los salarios de congresistas, concejales y diputados, jamás se recupera la inversión en campañas.
En Colombia, quienes financian las campañas son empresarios, no existe el método cívico en que la gente dona por afinidad a los candidatos como en Estados Unidos. Cuando el candidato gana, estos empresarios esperan recuperar su inversión mediante contratos, favores y puestos. Los congresistas, concejales y diputados electos terminan vendiendo sus votos al gobierno de turno, alcalde, gobernador o presidente para obtener acceso a presupuestos y contratos, corrompiendo la independencia de poderes.
Este sistema se mantiene debido a las listas abiertas. Las listas abiertas muchas veces destruyen los partidos porque los gamonales se reparten el partido, ponen barreras a nuevas fuerzas y personas menos competentes. Esto ha llevado a la presencia de políticos impresentables en Colombia en los últimos años.
En las próximas elecciones, es poco probable que este patrón cambie. Muchos directores de partidos y fundadores desean listas cerradas, pero a algunos aliados, congresistas, concejales y diputados no les gusta la idea. Se ha propuesto la alterna de hacer consultas internas en los partidos para definir el orden en las listas cerradas. Las listas cerradas, con financiación 100% pública, tienen presupuestos más bajos y facilitan la campaña. Sin embargo, esta reforma parece lejana, ya que significaría la extinción de los políticos tal y como los conocemos hoy.
Lea también: Deniegan demanda de nulidad electoral en contra de Miguel Iguarán, concejal de Medellín