Condena a exfuncionarios de UdeM por falsedad en titulación de Julián Bedoya

El juzgado Quinto Penal del Circuito de Medellín condena ex funcionarios de Udem por su participación en la falsificación de documentos en el caso de Julián Bedoya.

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El Juzgado Quinto Penal del Circuito de Medellín emitió sentencia condenatoria de 4 años y 5 años de prisión para Yolanda Cossio Rendón y Juan Felipe Hernández Giraldo, respectivamente, dos excolaboradores de la Universidad de Medellín (UdeM). Ambos fueron hallados culpables del delito de falsedad ideológica en documento público en el marco del escándalo por presuntas irregularidades en el proceso de titulación del exsenador Julián Bedoya Pulgarín.

¿Quienes son los exfuncionarios condenados por falsedad en la titulación de Julián Bedoya?

Yolanda Cossio Rendón, quien se desempeñaba como secretaria de la facultad de derecho, recibió una condena de 53 meses, mientras que Juan Felipe Hernández Giraldo, ex subsecretario académico de la universidad, fue sentenciado a 60 meses de prisión. A pesar de la condena, ambos obtuvieron el beneficio de prisión domiciliaria, según lo indicado por el juez en su fallo.

La sentencia también confirmó la absolución de Julián Toro Rendón, Juan Carlos Hoyos Loaiza, Saúl Benítez Urrego, Jhon Mario Ferrer Murillo y el ex rector Néstor Hincapie, quienes fueron exonerados de las acusaciones presentadas por la Fiscalía General de la Nación.

No obstante, el juez señaló que existía material suficiente para demostrar la participación de los condenados en una maniobra logística para validar 19 requisitos que, según las investigaciones, el exsenador Bedoya Pulgarín no habría cumplido. El fallo detalla que el exrector Hincapié firmó los documentos, incluyendo el acta de grado y el diploma, confiando en la buena fe, ya que le resulta imposible verificar personalmente los requisitos de cientos de graduados semestrales.

El caso destaca la importancia de la integridad en los procesos académicos y pone de manifiesto la responsabilidad de aquellos involucrados en garantizar la legitimidad de los títulos otorgados por instituciones educativas.

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