Las comunicaciones de un país, que constituyen el sistema nervioso de la productividad y competitividad nacional, demandan un sector de telecomunicaciones sólido y financieramente saludable.
En Colombia, las telecomunicaciones han experimentado un desarrollo que en ciertos momentos lo ha posicionado como líder indiscutible en la región. El sector se beneficia de una institucionalidad inteligentemente diseñada que ha formulado políticas públicas y regulaciones propicias para fomentar la inversión en la infraestructura necesaria, creando así un entorno propicio para la competencia.
Lamentablemente, la politización y las distorsiones generadas por la participación pública en la mayoría de las empresas de telecomunicaciones han tenido un impacto negativo en el bienestar de los usuarios, así como en el régimen de inversiones y la competencia. Hoy en día, Colombia se enfrenta a desafíos considerables para proporcionar acceso a Internet de banda ancha al 40 % de la población que no lo tiene, especialmente en los estratos más económicamente vulnerables y áreas rurales.
Un diagnóstico erróneo del mercado, donde los actores han priorizado obtener ventajas regulatorias en lugar de competir de manera justa, podría acarrear consecuencias perjudiciales para el mercado, la inversión y, en última instancia, el beneficio de los usuarios. Por lo tanto, es imperativo reflexionar sobre la necesidad de una regulación justa basada en hechos concretos y no en suposiciones mal fundamentadas.
La regulación, por su propia definición, busca garantizar el funcionamiento eficiente de los mercados, generar certeza jurídica y asegurar el bienestar de la población, entre otros aspectos. Por ende, se debe promover un entorno regulatorio que estimule una competencia saludable, fomente la innovación y proteja los intereses de los consumidores, en lugar de socavarlos.
En el caso de la integración de Tigo y Movistar, aunque podría aportar beneficios en términos de competencia, no debería ser motivo para alterar arbitrariamente las reglas de juego. Es esencial que la competencia se base en la innovación, la calidad del servicio y la eficiencia operativa, en lugar de depender de medidas regulatorias que distorsionen el mercado.
La participación de un nuevo actor en la subasta de 5G fortalece y dinamiza la competencia en el sector. Este escenario no solo es positivo para el país al contar con más oferentes en un proceso crucial, sino que también evidencia un mercado dinámico, atractivo y saludable para diversos actores a nivel mundial y regional.
El mercado de las telecomunicaciones
Con respecto a la posición de dominio atribuida a Claro, es esencial examinarla a la luz de indicadores concretos. La empresa ha respondido a la competencia ajustando precios y perdiendo participación en el mercado, lo que contradice las afirmaciones de nuestros competidores y de la CRC al respecto. La competencia activa y efectiva se refleja en la presencia de 17 operadores, un aumento significativo en el consumo de datos y en la movilidad del 60 % de los usuarios entre operadores anualmente.
Resulta crucial preguntarse si las medidas propuestas realmente abordan las supuestas barreras de acceso al mercado, especialmente cuando ya existen más de 17 operadores, con la entrada de WOM y la participación de un nuevo actor en la subasta de 5G, la existencia de barreras parece discutible.
Claro, como inversionista clave en el país, ha desempeñado un papel fundamental con inversiones considerables y un compromiso constante con la conectividad. Ante la regulación propuesta antes de la subasta 5G, surge la pregunta: ¿Por qué intervenir justo ahora, cuando se espera una competencia más intensa?
Este contenido hace parte de la octava edición de Revista 360 que cuenta con la participación de más de 70 invitados de todos los principales sectores económicos, productivos y políticos de Colombia. Ministros, líderes gremiales, líderes en áreas de la construcción, sectores bancarios, logística e infraestructura, telecomunicaciones, gobernantes regionales, analistas, economistas, entre otros.