La revalorización de las pensiones para 2026 ya tiene una cifra preliminar. Según los datos oficiales divulgados este viernes, las prestaciones que reciben mensualmente más de 9,4 millones de pensionados tendrán un aumento mínimo del 2,7%, después de confirmarse que la inflación interanual en noviembre se situó en el 3%.
Esta actualización forma parte del mecanismo legal que ajusta las pensiones según el comportamiento promedio del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de los últimos doce meses, comprendidos entre diciembre del año anterior y noviembre del año vigente.
Incremento para los pensionados en 2026: este es el porcentaje oficial y cómo impactará a los jubilados
La norma vigente establece que las pensiones contributivas deben modificarse cada año conforme al costo de vida. En esta oportunidad, la variación media de los precios alcanzó el 2,7%, cifra que se trasladará directamente a los pagos mensuales de los jubilados a partir de enero de 2026. El ajuste también aplicará a los más de 715.000 beneficiarios del Régimen de Clases Pasivas, integrado principalmente por funcionarios jubilados del Estado.
Aunque el dato final del IPC se publicará el próximo 12 de diciembre, las variaciones suelen ser mínimas, generalmente de una décima, lo que no afecta de forma relevante el cálculo definitivo. Por esa razón, el Gobierno considera prácticamente asegurado el porcentaje del incremento.
Los pensionados ya recibieron en noviembre la paga extraordinaria de Navidad, cuyo monto promedio para los jubilados ronda los 1.492 euros, de acuerdo con información suministrada por la Seguridad Social.
Mientras que las pensiones contributivas se actualizan siguiendo la inflación media, las prestaciones mínimas y no contributivas tendrán un aumento mayor en 2026.
Esto responde a lo contemplado en la segunda fase de la reforma pensional, aprobada en marzo de 2024, que fijó una ruta de incrementos progresivos hasta 2027, basada en el umbral de pobreza como referencia. El Gobierno aún no ha detallado exactamente cuánto será el incremento adicional, pero sí confirmó que estas pensiones crecerán por encima del 2,7%.
La subida del 2,7% se traduce en un importante alivio económico para los hogares pensionados. Según cálculos oficiales, una pensión media por jubilación recibirá alrededor de 572 euros adicionales al año. Para quienes perciben una pensión media dentro del sistema, el aumento anual será cercano a los 498 euros.
En noviembre, la pensión promedio de la Seguridad Social alcanzó los 1.316,7 euros, lo que significó un incremento del 4,4% frente al mismo mes del año anterior. Por su parte, la pensión media de jubilación llegó a 1.511,5 euros, cifra que reciben más de 6,5 millones de personas.
En cuanto a las pensiones máximas, actualmente fijadas en 3.267,60 euros mensuales (equivalentes a 45.746,40 euros al año en 14 pagas), estas se ubicarán cerca de los 3.356 euros con el nuevo incremento. Adicionalmente, se sumará un aumento de 0,115 puntos vinculado a la mayor cotización de las bases máximas, lo que dejará el límite mensual de las nuevas prestaciones alrededor de los 3.360 euros.
A estas cifras también se añade el complemento de brecha de género, cuyo valor actual es de 35,90 euros mensuales por hijo, aunque el Gobierno no ha informado cuánto aumentará en 2026.
La actualización representará un costo significativo para las finanzas públicas. Con un gasto total en pensiones que este año superará los 200.000 millones de euros, el ajuste del 2,7% implicaría cerca de 5.400 millones adicionales. Esta cifra quedará incorporada de manera permanente en la nómina del sistema.
Durante la confirmación del ajuste, la ministra de Seguridad Social, Elma Saiz, destacó que la actualización conforme al IPC “garantiza que los pensionados mantengan su poder adquisitivo” y reiteró que el Gobierno trabaja para consolidar un sistema “equilibrado, sostenible y equitativo”.
Sin embargo, las recomendaciones de la OCDE han generado debate. La organización internacional instó a España a tomar medidas más profundas para evitar el aumento de la brecha entre ingresos y gastos del sistema, que en los próximos años enfrentará mayores presiones.
Aunque la OCDE sugiere revisar fórmulas como la relación entre pensiones y esperanza de vida, o la ampliación del periodo de cálculo, el Gobierno ha descartado modificar la revalorización ligada al IPC, debido al amplio consenso político y social alcanzado desde 2021.
Las futuras negociaciones del Pacto de Toledo incluirán estos desafíos, especialmente ante la necesidad de garantizar la sostenibilidad del sistema en un contexto de envejecimiento poblacional. La última reforma ya extendió el cálculo de pensiones de 25 a 29 años cotizados, descartando los dos peores, lo que en la práctica no reduce el gasto, según expertos consultados.
No obstante, el mecanismo de cláusula de cierre, que prevé una revisión trianual por parte de la Airef, podría activar ajustes automáticos si se detectan desviaciones significativas en el gasto pensional, lo que mantiene en alerta a las autoridades y a los pensionados.
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