La estabilidad en la expedición de pasaportes en el país transita por una cuerda floja institucional. Aunque los ciudadanos pueden solicitar citas y gestionar sus documentos con total normalidad a través de los canales oficiales de la Cancillería, el esquema operativo y financiero del sistema acumula nubarrones de gran magnitud.
Por un lado, el Consejo de Estado tiene sobre la mesa un expediente crítico: evalúa si frena o permite el flujo de pagos de un convenio valorado en aproximadamente $1,3 billones, establecido con la entidad portuguesa Imprensa Nacional-Casa da Moeda. Esta instancia judicial responde a una apelación de la Procuraduría, la cual insiste en que la continuidad temporal del servicio no puede blindar de forma indefinida un contrato cuya legalidad sigue bajo sospecha en los estrados.
Pasaportes en Colombia: modelo con la casa de moneda portuguesa bajo lupa judicial y fiscal
El Fondo Rotatorio de la Cancillería ha defendido la vigencia del modelo argumentando que ya ha producido más de 383.000 libretas en territorio colombiano. Sin embargo, si el alto tribunal ordena congelar los giros económicos, el Gobierno nacional se enfrentará a un vacío crítico de ejecución, especialmente porque la infraestructura del anterior operador privado, Thomas Greg & Sons, ya no está disponible.
Paralelamente, la Contraloría General de la República detonó otra alerta de carácter financiero que pone en entredicho el futuro de la Imprenta Nacional de Colombia. De acuerdo con el organismo de control, el convenio de diez años contempla una compra mínima de 1,5 millones de libretas anuales a un costo unitario de 17 euros, proyectando unos 255 millones de euros a precios constantes de 2026, pero carece de un margen de utilidad real para la empresa estatal.
Por qué es importante: Esto significa que la Imprenta asume los riesgos y costos de la operación sin la certeza de generar ingresos que fortalezcan su patrimonio. La situación es alarmante si se considera que la entidad arrastra un descalabro financiero reflejado en pérdidas patrimoniales de $8.225 millones en 2024 y $3.847 millones en 2025. Las dudas también cobijan la promesa de transferencia tecnológica, pues los pagos obligatorios se mantendrán a lo largo de toda la década sin que el modelo garantice un alivio a las finanzas públicas.
El reto para la administración del presidente Abelardo De La Espriella es mayúsculo. Las autoridades deberán definir con urgencia si renegocian el acuerdo con los socios internacionales, ajustan las condiciones operativas o diseñan un plan de contingencia eficaz que evite traumatismos a los usuarios, garantice la soberanía de los datos nacionales y evite que el negocio de las libretas termine agudizando la crisis de la imprenta estatal.