El Consejo de Estado ratificó la decisión tomada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca el 14 de febrero de 2018, que rechazó la demanda presentada por la sociedad Cromas S.A. contra el Estado colombiano.
Consejo de estado niega indemnización a Cromas S.A. por liquidación de Interbolsa
El caso, que ha sido un tema recurrente en la justicia administrativa, comenzó el 21 de diciembre de 2012, cuando Cromas S.A. presentó una solicitud ante el liquidador de Interbolsa, entidad que se encontraba en proceso de liquidación forzosa administrativa.
En su petición, la sociedad demandante solicitaba el reconocimiento de una deuda derivada de una serie de operaciones financieras realizadas por Interbolsa.
El proceso se centró en un tipo específico de transacción conocida como «repo», que involucra la venta de activos financieros, como títulos de valores, con el acuerdo de recomprarlos en una fecha futura a un precio previamente pactado.
Cromas S.A. argumentó que en sus relaciones con Interbolsa se había incurrido en un incumplimiento de esta operación, lo que resultó en un perjuicio económico significativo.
El 5 de marzo de 2013, el liquidador de Interbolsa emitió la Resolución No. 03, en la cual aceptó de forma condicional la reclamación de Cromas S.A. por la diferencia entre el precio de recompra pactado y el valor de mercado en el momento del incumplimiento de la operación. Sin embargo, el 7 de marzo de 2013, en la Resolución No. 035, el liquidador no reconoció ningún valor a favor de la empresa, basándose en que las liquidaciones realizadas por la Bolsa de Valores de Colombia no arrojaron saldo favorable para Cromas S.A.
A pesar del rechazo de su reclamación ante el liquidador, Cromas S.A. no desistió de su propósito de obtener una compensación. El 13 de enero de 2015, la sociedad presentó una demanda ante el Fondo de Garantías de Instituciones Financieras (Fogafín), buscando responsabilizar patrimonialmente al liquidador de Interbolsa por no haber llevado a cabo la recompra de acciones de Odinsa, las cuales eran propiedad de Cromas S.A.
En esta demanda, la empresa solicitaba una compensación económica por diferentes conceptos. Entre ellos, destacaban los daños morales, por los cuales pedía la suma de 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes.
Además, reclamaba $55.000 millones por daño emergente, es decir, los perjuicios directos ocasionados por la falta de recompra de las acciones, y $8.000 millones por lucro cesante, que corresponde a los ingresos que Cromas S.A. dejó de percibir debido a la situación.
El Consejo de Estado, tras revisar el caso, decidió ratificar la decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca. En su fallo, el alto tribunal consideró que no existían los elementos necesarios para otorgar la indemnización solicitada por Cromas S.A. y concluyó que el Estado no debía asumir la responsabilidad por los perjuicios reclamados.
Esta decisión reafirma la postura de los tribunales colombianos respecto a las demandas contra el Estado derivadas de la crisis financiera de Interbolsa, que se convirtió en uno de los escándalos más sonados en la historia del mercado financiero en Colombia.
La liquidación de la firma, que ocurrió en 2012, dejó a miles de inversionistas afectados y provocó una serie de procesos judiciales en los que se buscaba determinar las responsabilidades del Estado y de las entidades involucradas.
La quiebra de Interbolsa es recordada como uno de los colapsos más significativos en la historia reciente del mercado de valores colombiano. Durante su auge, la firma era uno de los intermediarios más importantes en el mercado de valores, pero su colapso desató una ola de incertidumbre y pérdidas para inversionistas, empresas y bancos. En su momento, la liquidación de Interbolsa generó una serie de demandas tanto a nivel estatal como privado.
Además de los efectos económicos, el caso también puso en evidencia debilidades en la supervisión del mercado de valores y en la regulación de las actividades financieras. En consecuencia, las autoridades financieras del país comenzaron a implementar reformas y regulaciones más estrictas para evitar que situaciones similares se repitieran en el futuro.
Este fallo se suma a una serie de decisiones judiciales que han marcado la pauta sobre cómo las entidades estatales deben responder en situaciones de quiebras de grandes corporaciones en el país, y subraya la importancia de una regulación financiera robusta que proteja los intereses de los inversionistas y la estabilidad del mercado.
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