El presidente de Colombia, Gustavo Petro, anunció este martes su intención de convocar a una consulta popular para que la ciudadanía decida sobre la reforma laboral y la reforma a la salud, dos proyectos que han generado amplio debate en el Congreso.
La propuesta de Gustavo Petro sobre la consulta popular para reformas clave en Colombia
“La Constitución de Colombia permite que el pueblo sea quien decida directamente a través de una consulta popular. El Gobierno Nacional convocará este mecanismo para que sean los colombianos quienes determinen el futuro de la reforma laboral y la reforma a la salud en el país”, declaró el jefe de Estado.
El anuncio del presidente ha generado diversas reacciones y ha abierto el debate sobre los mecanismos de participación ciudadana disponibles en Colombia.
Según la Constitución de 1991, existen siete herramientas democráticas a través de las cuales la población puede expresar su voluntad en asuntos de interés general: el voto, el plebiscito, el referendo, la consulta popular, el cabildo abierto, la iniciativa legislativa y la revocatoria del mandato.
Entre estos mecanismos, tres han sido utilizados con mayor frecuencia: el plebiscito, el referendo y la consulta popular. Un caso emblemático fue el plebiscito realizado en 2016 por el expresidente Juan Manuel Santos, en el cual la ciudadanía votó sobre los Acuerdos de Paz con la extinta guerrilla de las FARC.
Diferencias entre plebiscito, referendo y consulta popular
El plebiscito es un mecanismo que solo puede ser convocado por el presidente de la República con la firma de su gabinete ministerial. Su propósito es consultar a la población sobre decisiones políticas de trascendencia nacional que no requieran la aprobación del Congreso.
En este proceso, la Registraduría General de la Nación se encarga de organizar la votación, en la que los ciudadanos responden «sí» o «no» a una pregunta planteada por el Ejecutivo. Un ejemplo claro fue la consulta sobre los Acuerdos de Paz en 2016, cuya pregunta fue: «¿Apoya usted el acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera?».
Por otro lado, el referendo es un mecanismo mediante el cual la ciudadanía puede aprobar o derogar normas jurídicas ya vigentes. Puede realizarse a nivel nacional, regional o local, y es impulsado por la ciudadanía o las entidades territoriales.
Actualmente, se adelanta un proceso de referendo sobre la autonomía fiscal, impulsado por el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, quien presentó más de dos millones de firmas para que las regiones puedan administrar directamente los impuestos que recaudan.
En cuanto a la consulta popular, se trata de un mecanismo en el que el presidente, los gobernadores o los alcaldes someten a votación un asunto de relevancia para el país, el departamento o el municipio.
En este caso, la pregunta planteada también se responde con «sí» o «no». Sin embargo, la consulta popular no puede modificar la Constitución. Un ejemplo hipotético sería preguntar a la población: «¿Quiere usted que se apruebe la reforma laboral?».
El anuncio del presidente ha suscitado un intenso debate en los sectores políticos y académicos del país. Mientras algunos consideran que esta es una medida democrática que empodera a los ciudadanos, otros cuestionan la viabilidad jurídica y técnica de convocar a una consulta popular para definir reformas de esta magnitud.
Expertos en derecho constitucional han señalado que, según la legislación vigente, la consulta popular no puede sustituir el rol del Congreso en la aprobación de leyes. Adicionalmente, han advertido que el proceso de convocatoria, organización y realización de la consulta podría demorar varios meses, retrasando aún más la implementación de las reformas.
Entretanto, algunos sectores políticos de oposición han calificado el anuncio de Petro como una estrategia para presionar al Congreso y movilizar a la opinión pública en favor de sus reformas.
En contraste, simpatizantes del Gobierno consideran que la consulta popular es una herramienta legítima para destrabar el debate legislativo y garantizar que las reformas respondan a las necesidades de la mayoría de los colombianos.
A medida que se avanza en el proceso, se espera que el Gobierno precise los detalles jurídicos y logísticos de la convocatoria. Por ahora, la propuesta de Petro ha puesto sobre la mesa un nuevo escenario de participación ciudadana que podría redefinir el rumbo de la reforma laboral y la reforma a la salud en Colombia.
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