Durante su intervención en la 59ª Convención Bancaria, celebrada en Cartagena, el Contralor General de la República, Carlos Hernán Rodríguez Becerra, emitió una advertencia contundente sobre el panorama fiscal y económico que atraviesa el país.
Calificó la situación como “compleja y desafiante” y exhortó al Gobierno Nacional a tomar medidas prudentes pero efectivas para enfrentar los riesgos crecientes en materia de manejo presupuestal y recaudo tributario. El llamado fue directo: se requiere mayor contundencia en la fiscalización, eficiencia en el gasto y acciones concretas para preservar la estabilidad macroeconómica.
Rodríguez Becerra puso especial énfasis en el deterioro de las finanzas del Gobierno Nacional Central, señalando que el principal desequilibrio macroeconómico actual proviene de un gasto público que no disminuye, una alta rigidez presupuestal y una carga cada vez mayor del servicio de la deuda.
A esto se suma una preocupante lentitud en la ejecución presupuestal. Según el Contralor, a 31 de mayo, solo se ha ejecutado el 30,5% del presupuesto, mientras que el rubro de inversión apenas alcanza el 19,3%. En su opinión, es urgente que las entidades ejecutoras fortalezcan el seguimiento y control del gasto para mejorar su eficiencia, dinamizar la economía y atender de manera más efectiva las necesidades sociales.
Uno de los temas más sensibles abordados por el jefe del ente de control fue la ambiciosa meta de recaudo incluida en el Presupuesto General de la Nación 2025. El Gobierno espera un crecimiento del 22,5% en los ingresos tributarios, frente a un crecimiento nominal de la economía proyectado en solo 6%. Según cálculos de la Contraloría, esto implicaría que la DIAN tendría que conseguir cerca de 40 billones de pesos adicionales, una cifra que, según Rodríguez Becerra, podría estar por encima de lo realista sin una mejora significativa en la gestión de cobro y lucha contra la evasión.
En este contexto, la Contraloría ha venido haciendo seguimiento permanente a la gestión de la DIAN desde 2023, observando con atención la evolución del recaudo tributario, la ejecución del presupuesto y el cumplimiento de las metas fiscales.
El Contralor destacó que, hasta abril de 2025, los ingresos tributarios llegaron a 84,7 billones de pesos, lo que representa una ejecución del 27,6% sobre el aforo vigente de 307,27 billones. Si bien el crecimiento nominal fue del 19,2% frente al mismo periodo de 2024, impulsado por mayores recursos de capital, Rodríguez Becerra advirtió que los desafíos estructurales persisten.
Contralo explica hallazgos en la DIAN
El Contralor también reveló avances en la revisión que realiza su despacho sobre la DIAN, en la cual se han detectado hechos relevantes como inconsistencias significativas en declaraciones tributarias y aduaneras, operaciones sospechosas vinculadas a empresas no reguladas y transacciones con criptomonedas.
Estas observaciones provienen del análisis de bases de datos y cruces masivos de información tributaria y aduanera. Aunque están en proceso de verificación y consolidación, los hallazgos son preocupantes y exigen acciones concretas para cerrar los vacíos que permiten prácticas de evasión y elusión fiscal.
Otro de los puntos críticos abordados en la Convención Bancaria fue el reciente Decreto 0572 de 2025, que adelanta el cobro de la retención en la fuente. Rodríguez Becerra alertó que, si bien esta medida podría incrementar el recaudo de manera temporal en 2025, también conlleva el riesgo de afectar negativamente el recaudo proyectado para 2026.
Subrayó que es imprescindible tener en cuenta este impacto al formular el Marco Fiscal de Mediano Plazo y al elaborar el Presupuesto General del próximo año, para evitar desbalances como los ocurridos en las vigencias de 2023 y 2024.
Finalmente, el Contralor anunció la implementación de un sistema de monitoreo de alertas sobre la contratación nacional, enfocado en los convenios interadministrativos y contratos entre el Gobierno Nacional y los entes territoriales, especialmente en el contexto preelectoral. A través de la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata (DIARI), la Contraloría busca vigilar en tiempo real la destinación de los anticipos y asegurar que estos recursos no sean desviados para financiar campañas políticas, en cumplimiento estricto de la ley.
La intervención del Contralor General dejó claro que el país enfrenta serios desafíos fiscales y económicos que no pueden seguir postergándose. La sostenibilidad financiera del Estado requiere una acción coordinada entre el Ejecutivo, la DIAN y los órganos de control, no solo para asegurar los recursos necesarios, sino también para garantizar su uso eficiente y transparente. El mensaje desde Cartagena fue contundente: Colombia no puede permitirse más improvisaciones fiscales.
