El Hecho: La Contraloría General advirtió que la seguridad nacional requiere una transición urgente hacia la ciencia, tecnología e innovación, ante la expansión de grupos armados a 518 municipios.
¿Por qué es importante?: La seguridad futura depende de la capacidad de anticipación y no solo de reacción; sin embargo, Colombia invierte apenas el 0,2% de su PIB en este sector, frente al 2,5% promedio de la OCDE.
¿Cuál es el contexto?: La presencia ilegal creció un 165% entre 2019 y 2025, con un incremento del 111% en enfrentamientos durante el último año y cerca de 27.000 miembros en grupos armados.
¿A quiénes afecta y cómo?: Afecta a las regiones con alta presencia criminal, obligando al Estado a tecnificar sus capacidades operativas (como sistemas antidrones) para frenar el reclutamiento y la violencia.
El dato que no se puede perder: Aunque se destinaron recursos por $136.200 millones en 2024 y otros $300.000 millones proyectados para 2025, el órgano de control subraya que la inversión sigue siendo insuficiente para cerrar la brecha estructural.
La seguridad nacional en Colombia atraviesa un punto de inflexión. Ante un panorama donde las amenazas no solo se transforman, sino que se expanden con una velocidad sin precedentes, la Contraloría General de la República ha lanzado una advertencia contundente: el país debe transitar, de manera urgente, hacia una estrategia de defensa basada en la ciencia, la tecnología y la innovación.
El llamado surge tras la presentación del estudio «Análisis de los Avances y la Gestión de los Recursos en la Implementación de la Política de Ciencia, Tecnología e Innovación (CTel) del sector Defensa y Seguridad», un documento que pone sobre la mesa una realidad ineludible: la tecnología ya no es un complemento, sino un componente estratégico vital para la soberanía nacional.
Panorama general: Las cifras reveladas por el órgano de control son elocuentes y preocupantes. Entre 2019 y 2025, la presencia de grupos armados ilegales pasó de 195 a 518 municipios en todo el territorio nacional, lo que equivale a un crecimiento superior al 165%.
Esta expansión territorial ha ido acompañada de un aumento en la intensidad del conflicto. Según el informe, el año 2025 registró 228 enfrentamientos entre la Fuerza Pública y grupos armados, una cifra que representa un incremento del 111% y se posiciona como la más alta de la última década. Además, estas estructuras han demostrado una alta capacidad de reclutamiento, sumando cerca de 5.000 nuevos integrantes en un solo año, alcanzando una cifra cercana a los 27.000 miembros.
Contraloría advierte: La seguridad en Colombia debe transitar hacia la ciencia y la innovación
Para la Contraloría, este escenario de «amenazas en permanente transformación» obliga a que el Estado cambie su paradigma de seguridad. «La seguridad del futuro dependerá cada vez menos de la capacidad de reacción y cada vez más de la capacidad de anticipación», señala el documento.
Si bien el Gobierno ha hecho esfuerzos, como la priorización de recursos por $136.200 millones en 2024 para sistemas antidrones, seguidos de una programación de cerca de $300.000 millones adicionales para 2025, el estudio advierte que esto no es suficiente. El país enfrenta una brecha estructural profunda: mientras los países de la OCDE destinan en promedio un 2,5% de su PIB a actividades de ciencia, tecnología e innovación, Colombia apenas alcanza el 0,2%.
Por qué es importante:La Contraloría subraya que el desarrollo tecnológico en el sector defensa no puede depender de esfuerzos aislados o coyunturales. El órgano de control insta a la creación de una política de Estado de largo plazo que brinde continuidad, visión estratégica y sostenibilidad a las iniciativas de innovación.
Para la entidad, el ejercicio del control fiscal moderno debe trascender la simple vigilancia del gasto. En este sentido, la Contraloría se propone evaluar la calidad, pertinencia e impacto real de cada peso invertido, asegurando que estos recursos se traduzcan efectivamente en capacidades operativas que protejan a la ciudadanía.
En última instancia, el informe concluye que cerrar la brecha tecnológica no es solo un reto administrativo, sino una necesidad imperativa para fortalecer la soberanía tecnológica del país y enfrentar, con herramientas sofisticadas y efectivas, los desafíos de seguridad que hoy acechan a las regiones.
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