La Contraloría General de la República ha revelado preocupaciones críticas sobre el atraso en el pago de subsidios energéticos en Colombia destinados a las empresas prestadoras del servicio público de energía por parte del Ministerio de Minas y Energía. Este retraso, que depende de la asignación presupuestal del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, podría desencadenar una crisis energética en Colombia, afectando a más de 10 millones de personas en la Costa Caribe, Nariño, Chocó y Puerto Carreño (Vichada).
Impacto de los atrasos en los subsidios energéticos en Colombia: regiones en riesgo
Impacto potencial en la prestación del servicio: La falta de pago de estos subsidios plantea un peligro inminente de racionamiento de energía e incluso la suspensión total del servicio en las regiones mencionadas. Esta situación pone en jaque la calidad de vida de millones de colombianos, que dependen del suministro eléctrico no solo para sus necesidades básicas, sino también para el funcionamiento de servicios esenciales como salud, educación y comercio.
A pesar de la gravedad del problema, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y la Superintendencia de Industria y Comercio, entidades responsables de supervisar la prestación eficiente de los servicios públicos, aún no han tomado acciones concretas. Esta inacción aumenta la incertidumbre sobre la capacidad del Estado para garantizar un servicio eléctrico estable en las zonas más vulnerables.
Contexto y causas del problema: La Contraloría General de la República ha identificado varios factores que contribuyen a esta problemática. Uno de los más significativos es la falta de reembolso a las empresas prestadoras del servicio de energía por los recursos no recaudados debido a la «opción tarifaria», una medida implementada durante la pandemia que congeló las tarifas eléctricas para aliviar la carga económica de los hogares. Este congelamiento, aunque beneficioso en su momento, ha dejado a las empresas con un déficit significativo que el Gobierno aún no ha subsanado.
Además, el incumplimiento de obligaciones financieras por parte de los operadores de red con el mercado mayorista de energía ha exacerbado la situación. Este incumplimiento podría limitar la capacidad de los generadores de energía para suministrar el servicio a las empresas operadoras, lo que afectaría directamente a los consumidores finales, especialmente en la Costa Caribe.
Llamado a la acción y medidas necesarias: Ante este escenario, la Contraloría ha hecho un llamado urgente al Gobierno nacional, así como a los ministerios y superintendencias involucradas, para que adopten medidas inmediatas que aseguren la continuidad del servicio eléctrico. Entre las acciones sugeridas se encuentra la regularización del giro de los subsidios de energía, una medida que, de no ser implementada, podría agravar aún más la situación.
Además, se ha destacado la importancia de que el Gobierno tome decisiones rápidas y efectivas sobre el reembolso a las empresas prestadoras por los ingresos no recaudados durante la pandemia. La sostenibilidad del servicio eléctrico en el país depende en gran medida de la resolución de este y otros aspectos críticos.
Consecuencias y panorama general: La continuidad en la prestación del servicio de energía es fundamental no solo para el bienestar de los hogares colombianos, sino también para el funcionamiento de otros servicios vitales. Una interrupción en el suministro de energía podría tener un efecto dominó, afectando la operación de hospitales, escuelas, sistemas de agua potable y actividades comerciales, lo que agravaría la crisis en las regiones más vulnerables del país.
El reciente informe de la Contraloría General de la República destaca la necesidad de garantizar la seguridad y confiabilidad energética, un tema que ha sido objeto de estudio en varias ocasiones. En su análisis sobre la prestación del servicio de energía eléctrica en la Región Caribe, publicado en 2022, la Contraloría ya había señalado los desafíos asociados a la falta de giros de subsidios y el pago de consumos por parte de los usuarios, incluidos los de entidades públicas a nivel municipal y departamental.
Finalmente, la Contraloría ha alertado a las autoridades locales sobre la importancia de apropiar los recursos presupuestales necesarios para el pago de los servicios públicos. La falta de asignación adecuada de estos fondos no solo afecta la prestación del servicio, sino que también podría constituir una falta disciplinaria grave contra la hacienda pública, según circulares emitidas tanto por la Procuraduría General de la Nación como por la Contraloría.
