La Contraloría General de la República ha reiterado su preocupación sobre la crisis energética que afecta a varias regiones del país, destacando que podrían verse afectadas hasta 10 millones de personas.
Según la Contraloría, la crisis se debe a las dificultades que enfrentan las empresas prestadoras de servicios de energía para recibir los pagos correspondientes de parte del Estado, así como los retrasos en el giro de subsidios y el cumplimiento de compromisos financieros.
Este panorama es particularmente preocupante en la Costa Caribe, donde la empresa Air-e, que suministra energía a una parte significativa de esta región, está en proceso de intervención, además, la situación podría agravarse aún más si otras empresas, como AFINIA, siguen el mismo camino, afectando a grandes áreas como EPM y los municipios de Medellín y Antioquia.
Consecuencias financieras y llamado a la acción
«Una nueva intervención a otra empresa podría costarle al gobierno nacional hasta 4 billones de pesos al año», advierte Carlos Hernán Rodríguez Becerra, Contralor General de la República. Este monto cubriría el déficit operativo de compañías como Air-e y AFINIA, además de las inversiones necesarias para mantener la calidad y confiabilidad del servicio.
La Contraloría destaca que el retraso en el giro de subsidios y el incumplimiento de pagos han generado una presión financiera considerable sobre los prestadores del servicio, además, la falta de medidas concretas y efectivas para solventar esta crisis podría poner en riesgo no solo el suministro de energía en la Costa Caribe, sino también la prestación de otros servicios esenciales como el gas, afectando a millones de habitantes y representando un riesgo sistémico para el país.
El Contralor hace un llamado urgente a los ministerios y entidades competentes, como el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Minas y Energía, para que tomen medidas inmediatas y adecuadas para asegurar la continuidad del servicio público. Destacando que el acceso a servicios básicos como la energía es crucial para el desarrollo económico y social, y su interrupción afectaría gravemente tanto a los usuarios como a la estabilidad financiera del país.
En este contexto, la Contraloría insiste en la necesidad de adoptar las medidas establecidas por el marco regulatorio para prevenir y mitigar las afectaciones en la prestación del servicio público, y garantizar el bienestar general de la población colombiana.
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