La Contraloría General de la Nación adelanta un proceso de responsabilidad fiscal en contra de Centros Poblados y funcionarios del Ministerio TIC.
Por: Redacción 360 Radio
La Contraloría, en cabeza de Felipe Córdoba, tomará medidas contra los contratistas de Centros Poblados y algunos funcionarios del Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, como parte de un proceso de responsabilidad fiscal que busca recuperar los 70.000 millones de pesos que el Ministerio TIC entregó como adelanto a Centros Poblados.
De esta forma Centros Poblados era el consorcio empresarial responsable de conectar de la mano del ministerio a miles de niños de las regiones más apartadas del país. Según el conglomerado, este dinero que se les adelantó ya fue invertido en equipos tecnológicos.
En este orden de ideas, la Contraloría General informó que embargará los bienes de los contratistas de Centros Poblados que recibieron el adelanto, con el fin de asegurar dicho dinero. «No solo se trata de resguardar con embargos los $70.000 millones que se entregaron como anticipo. La norma nos permite resguardar hasta $140.000 millones», explicó el contralor. Córdoba aseguró que antes de compartir mayor información deben investigar sus cuentas para saber qué es lo que se tiene dentro del proceso.
Lo que es cierto es que los contratistas de Centros Poblados no estarían diciendo la verdad sobre el paradero de estos miles de millones, pues explican que con estos compraron los equipos a una compañía en Estados Unidos llamada Nuovo Security, la cual fue fundada por un colombiano que hace parte precisamente de la unión temporal de Centros Poblados.
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Esta empresa fue fundada en 2016 con seis empleados, tiene su sede física en Florida y su sede fiscal en Delaware, un lugar conocido por ser un paraíso fiscal. Sin embargo a esta empresa, cuyos ingresos anuales no superan los 197.000 dólares, se le entregaron 58.000 millones de pesos de los 70.000 millones del adelanto.
Los otros 12.000 millones los tendría Inselsa S.A., compañía barranquillera que tiene acciones de ICM Ingenieros, empresa de Emilio Tapia, quien es conocido por el «zar de la contratación» y estuvo envuelto en el escándalo del Carrusel de la Contratación en Bogotá, y fue declarado responsable de lavar dinero de la corrupción y comprar propiedades con testaferros para ocultar ese dinero.
Cabe mencionar que ICM Ingenieros también hace parte de Centros Poblados y cambió de responsable legal el 10 de diciembre de 2020, solo un día después de que el Ministerio TIC les adjudicara este contrato.