La Contraloría General de la República (CGR), bajo la dirección de Carlos Hernán Rodríguez, ha publicado un informe revelador sobre las irregularidades financieras encontradas en varias Entidades Promotoras de Salud (EPS) y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd). Este informe detalla los resultados de las auditorías y las medidas que se están tomando para abordar estos problemas.
El sector salud se encuentra bajo el escrutinio de la CGR debido a tres importantes hallazgos fiscales que suman un total de $6 billones. Estas irregularidades fueron detectadas en 24 EPS, con el hallazgo más significativo relacionado con el uso indebido de recursos de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) de 2020.
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Hallazgos de irregularidades financieras en EPS y la UNGRD: un análisis completo
El informe destaca que $5,4 billones fueron utilizados para pagar servicios de salud de vigencias anteriores, empleando fondos de la UPC correspondientes a 2020. Esta práctica, según la CGR, es inaceptable, ya que los recursos destinados a una vigencia específica no deberían usarse para cubrir deudas de años anteriores, sobre todo cuando estas obligaciones financieras son responsabilidad de las EPS y no del Estado.
Un excedente de $643.000 millones por concepto de Presupuestos Máximos no tiene evidencia clara de su uso. La CGR señala que no se ha podido determinar el destino de estos fondos, lo que genera preocupación sobre la transparencia y el manejo adecuado de los recursos públicos en el sector salud.
La CGR ha identificado que la Nueva EPS destinó $40.000 millones de créditos bancarios a gastos que no tienen relación con servicios de salud. Estos gastos incluyen honorarios de miembros de la Junta Directiva, vales de gasolina, anticipos de viajes, clases de yoga y pilates, bonos de regalos, pautas radiales, gastos de nómina y planes complementarios de salud. Lo más alarmante es que los intereses de estos créditos fueron pagados con recursos de la UPC, lo que representa un uso indebido de fondos públicos.
Carlos Hernán Rodríguez, el contralor general, enfatizó que «las deudas de las EPS con las IPS no pertenecen ni al Estado ni al sistema, por lo que no deben sufragarse con recursos públicos de la salud. No es admisible que los recursos de una vigencia se utilicen para pagar deudas privadas de vigencias expiradas, máxime cuando el riesgo financiero está a cargo de las EPS».
Además, la Nueva EPS pagó $62.000 millones con recursos de la UPC de 2020 para cubrir deudas de los años 2008 a 2015, y SOS EPS utilizó $86.000 millones de excedentes de la UPC de 2020 para saldar obligaciones prescritas entre 2003 y 2015.
En paralelo, la CGR está llevando a cabo investigaciones sobre la contratación en la UNGRD, donde se han identificado varias irregularidades significativas. En total, se están ejecutando 17 actuaciones de control fiscal que involucran un monto de $96.303 millones, y se han ordenado medidas cautelares por $29.013 millones.
Entre los casos destacados, se encuentran contratos para el suministro de maquinaria amarilla, suscritos entre la UNGRD, por un valor de $7.990 millones, los cuales presentan sobrecostos e irregularidades.
El contralor general, Carlos Hernán Rodríguez, declaró: «El hecho de que no hubiésemos manifestado a la opinión pública qué estábamos haciendo no implica que no estuviésemos actuando. Encontramos respecto a maquinaria amarilla varios contratos suscritos entre la UNGRD para el suministro por un valor de $7.990 millones con sobrecostos e irregularidades».
Por qué es importante: La relevancia de estos hallazgos radica en la magnitud del desfalco y el impacto directo en la calidad y disponibilidad de los servicios de salud para millones de colombianos. La utilización indebida de fondos públicos destinados a la salud pone en riesgo la atención médica de la población, especialmente de los sectores más vulnerables. Además, la falta de transparencia y la mala gestión de los recursos pueden minar la confianza pública en las instituciones responsables de velar por el bienestar de los ciudadanos.
Detalles: El informe de la CGR detalla que los $5,4 billones utilizados indebidamente para cubrir deudas de vigencias anteriores equivalen a una parte sustancial del presupuesto destinado a salud. Estos fondos deberían haberse utilizado para mejorar los servicios de salud actuales y no para saldar deudas antiguas. La falta de evidencia sobre el uso de $643.000 millones en excedentes de Presupuestos Máximos añade una capa adicional de preocupación, pues demuestra una falta de control y rendición de cuentas por parte de las EPS.
En cuanto a la UNGRD, los $7.990 millones en contratos irregulares para el suministro de maquinaria amarilla subrayan problemas serios en la gestión de contratos y la supervisión de gastos, lo que podría estar afectando la capacidad de respuesta ante desastres y emergencias en el país.
Contexto: Estos hallazgos no son aislados, sino que forman parte de una serie de investigaciones y auditorías que la CGR ha venido realizando en diversos sectores del gobierno y la administración pública. La gestión de las EPS y la UNGRD ha estado bajo escrutinio durante años debido a repetidas denuncias de corrupción, malversación de fondos y falta de transparencia. Estos problemas han afectado la eficiencia y eficacia de los servicios públicos, y han generado desconfianza en la población.
Panorama general: El informe de la CGR pone de manifiesto la necesidad urgente de reformas estructurales en la gestión de los recursos públicos, especialmente en el sector salud. La implementación de mecanismos de control más estrictos, la transparencia en la gestión de fondos y la rendición de cuentas son esenciales para garantizar que los recursos públicos sean utilizados de manera eficiente y en beneficio de la población.
La CGR ha mostrado su compromiso con la transparencia y la justicia al llevar a cabo estas investigaciones y publicar sus hallazgos. Sin embargo, es crucial que estas acciones se traduzcan en cambios tangibles y mejoras en la gestión de los recursos públicos. La colaboración entre las distintas instituciones del Estado y la sociedad civil será fundamental para lograr una administración más justa y efectiva.
En conclusión, la Contraloría General de la República está decidida a esclarecer estas irregularidades y garantizar que los recursos destinados a la salud pública sean utilizados de manera adecuada y transparente. Las investigaciones en curso y las medidas cautelares tomadas son pasos importantes hacia la rendición de cuentas y la protección del interés público.