La Contraloría General imputa responsabilidad fiscal por una cuantía de $67.970 millones en Proyecto de Centros Digitales
Por: Redacción 360 Radio
En una importante revelación, la Contraloría General ha imputado una responsabilidad fiscal en cuantía de $67.970 millones debido a serias irregularidades en la ejecución del contrato de aporte 1043 de 2020.
Para la Contraloría estas deficiencias han sido catalogadas como consecuencia de una gestión fiscal ineficaz, ineficiente e inoportuna, que se tradujo en el incumplimiento de la meta 6 de la fase de instalación, afectando gravemente los cometidos y fines esenciales del proyecto Centros Digitales.
El contrato en cuestión tenía como objetivo la instalación de 7.277 centros digitales del proyecto en la región B, distribuidos en los 16 departamentos del país. Sin embargo, la falta de entrega total de los equipos necesarios para su culminación ha impedido que se logren los objetivos esenciales asociados con este proyecto, destinado a proporcionar soluciones de acceso comunitario a Internet gratuito en múltiples regiones.
Los responsables de esta situación incluyen a los miembros de la Unión Temporal Centros Poblados 2020 y su representante legal, quienes en calidad de contratistas, no cumplieron con los términos pactados, lo que llevó a la terminación anticipada del contrato. Además, se ha revelado que se presentó una garantía bancaria falsa, sin la cual el contrato no habría iniciado ni se hubieran desembolsado los recursos por concepto de anticipo. Asimismo, se ha imputado responsabilidad al socio mayoritario de la empresa proveedora de equipos, ya que su omisión en la entrega de los mismos contribuyó al daño causado.
El consorcio interventor también está bajo la lupa, ya que se aprobó órdenes de pago sin la verificación integral de los documentos que las respaldaban, incumpliendo las condiciones pactadas para el acceso a los recursos. Además, no se solicitó una reunión extraordinaria del comité fiduciario, lo que hubiera evitado el giro de recursos ante el inminente incumplimiento en el cronograma de ejecución del contrato.
Por último, la Contraloría ha imputado responsabilidad fiscal a funcionarios del Fondo Único de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones por no cumplir con sus deberes según el manual de funciones de la entidad.
Es importante destacar que, en el marco de este proceso de responsabilidad fiscal, se ha desvinculado y archivado a 15 presuntos responsables fiscales, ya que su actuación no implicó una gestión fiscal deficiente. La Contraloría General continúa con su compromiso de garantizar la transparencia y el buen uso de los recursos públicos en proyectos de esta magnitud.
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