La Ley de Garantías volvió a poner bajo la lupa la contratación pública en Colombia con un informe de la Contraloría General reveló que, entre el 1 y el 30 de enero de 2026, justo antes de que empezara a regir la restricción establecida por la Ley de Garantías, el Estado suscribió 521.269 contratos de manera directa por un valor total de $32,88 billones.
La cifra no solo es alta en términos absolutos sino que también muestra un crecimiento frente al mismo periodo previo a las elecciones de 2022, cuando se registraron 495.527 contratos por $25,22 billones.
Esto significa un aumento del 5,2% en número de contratos y un salto del 30,4% en el valor comprometido, en un contexto marcado por la entrada en vigor de la Ley de Garantías, que limita la contratación directa en temporada electoral.
De acuerdo con los datos reportados en SECOP, el comportamiento no fue homogéneo durante el mes. Mientras en los primeros 25 días de enero el promedio diario rondó los $0,74 billones, en la última semana se adjudicaron $14,8 billones.
⚠️Durante los primeros 2️⃣5️⃣ días de enero de 2026, la contratación directa, cuando las entidades públicas eligen directamente al proveedor sin concurso o licitación, tuvo un promedio diario de $0,74 billones.
📌En la última semana se adjudicaron $14,8 billones, con un pico de… https://t.co/hwXBV3IHmT pic.twitter.com/xHonNLpQOG
— Contraloría General de la República de Colombia (@CGR_Colombia) February 12, 2026
El 30 de enero, un día antes de que empezara a regir la Ley de Garantías, se convirtió en el pico del mes, con $5,7 billones contratados en una sola jornada.
Ley de Garantías y el repunte de la contratación directa en 2026
El análisis por niveles de gobierno muestra que el orden territorial concentró la mayor cantidad de contratos: 348.495 por $17,7 billones. El orden nacional firmó 164.813 contratos por $14,86 billones, mientras que las corporaciones autónomas regionales suscribieron 7.961 contratos por cerca de $0,3 billones.
En el caso del orden nacional, el incremento frente a enero de 2022 es significativo: se pasó de 107.971 contratos por $8,84 billones a 164.813 contratos por $14,86 billones en 2026. Esto representa un crecimiento del 52,6% en número y del 68,2% en valor, en la antesala de la Ley de Garantías.
Entre las entidades con mayor volumen de recursos adjudicados bajo contratación directa aparecen el SENA ($1,72 billones), el ICBF ($1,26 billones) y la Aeronáutica Civil ($0,76 billones). En el ámbito territorial lideran Barranquilla ($1,33 billones), Medellín ($0,88 billones) y Cali ($0,54 billones).
Un dato clave del informe es el peso de las Órdenes de Prestación de Servicios (OPS). En el consolidado nacional y territorial, esta modalidad concentró 501.423 contratos por $22,34 billones, equivalentes al 96,2% del total de contratos y al 67,9% del valor contratado.
Solo en el orden nacional, las OPS pasaron de 103.563 contratos en enero de 2022 a 160.616 en enero de 2026, lo que implica un incremento del 64,48%. En términos de valor, el aumento fue del 75,14%, al subir de $5,4 billones a $9,5 billones.
Aunque la Ley de Garantías busca frenar la contratación directa en periodos electorales para evitar posibles usos indebidos de recursos públicos, las cifras muestran que, en los días previos a su entrada en vigencia, se produjo una aceleración significativa en la suscripción de contratos.
El ente de control anunció que continuará el monitoreo preventivo y analítico del comportamiento contractual en el país, en un escenario que combina alta sensibilidad fiscal y calendario electoral. La discusión sobre el alcance real de la Ley de Garantías y su impacto en la ejecución presupuestal vuelve así al centro del debate público.
