La Contraloría General de la República anunció un fallo de responsabilidad fiscal por $2,9 billones por el caso Reficar en contra de cinco exfuncionarios de la empresa, siete miembros de la junta directiva y cuatro contratistas.
Por: Redacción 360 Radio
El órgano de control explicó que hubo inversiones que no se recuperarán en la construcción de la Refinería de Cartagena. La decisión de la Contraloría tomó cuatro años de estudio e involucra a los entonces presidentes de la empresa, Reyes Reinoso y Orlando José Cabrales.
También cobija a los vicepresidentes Carlos Castillo, Andrés Riera y Magda Monosalva, junto con los miembros de la junta directiva, Javier Genaro Gutiérrez, Pedro Rosales, Diana Calixto, Henry Medina, Hernando José Gómez, Natalia Gutiérrez y Uriel Salazar.
El fallo de responsabilidad fiscal involucra a Chicago Bridge & Iron Company y Foster W. La Contraloría justificó la medida al argumentar que hubo una gestión fiscal “antieconómica, ineficiente e inoportuna”, que contribuyó a la pérdida de recursos públicos, al punto que calificó el hecho como el “mayor detrimento patrimonial del Estado colombiano en toda su historia”.
La Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción encontró que en la modernización de la Refinería de Cartagena había 2,9 billones de pesos que equivalen a US$997 millones en inversiones que restaron valor al proyecto.
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La pérdida del valor de las mayores inversiones repercutiría en el mercado, pues los recursos que fueron objeto de estudio y no aportan a mayor tecnología de la empresa.
Los gastos no tuvieron relación alguna con el proceso de modernización, sino que comprobaron que hubo negligencia por parte de los funcionarios al promover una baja productividad de la mano de obra directa, mayores gastos en contratación de personal y demoras en las actividades relacionadas con el proyecto.
Según la Contraloría, fueron realizadas erogaciones por US$904 millones, razón por la que el monto de recursos destinados al proyecto se elevó a US$ 8.920 millones, que dará para otra revisión fiscal y determinar si hubo afectación.