La venta de la participación estatal en el sector de telecomunicaciones encendió las alertas de control fiscal. La Contraloría General de la República anunció que realiza un seguimiento preventivo a la enajenación del 32,5 % de las acciones que el Estado posee en Colombia Telecomunicaciones, operación que se da en el contexto de la integración con Tigo.
El proceso se desarrolla luego de que Millicom, matriz de Tigo, asumiera el control mayoritario de la compañía tras adquirir el 67,5 % de la participación accionaria a comienzos de 2026. Con este movimiento, el foco ahora está en la venta del porcentaje restante, que sigue en manos del Estado a través del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
El organismo de control solicitó información detallada tanto a esta cartera como al Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones para establecer cómo se utilizarán los recursos que ingresen al Tesoro Nacional. Las estimaciones preliminares indican que la operación podría representar al menos 856.000 millones de pesos.
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Más allá del monto, la Contraloría busca evaluar el impacto de la transacción en términos de eficiencia, beneficio social y sostenibilidad del servicio. En ese sentido, el seguimiento no se limita a la venta como tal, sino que también abarca la destinación final de los recursos públicos derivados de esta operación.
El proceso de enajenación se ha venido desarrollando por etapas. En una primera fase, se adjudicaron acciones a destinatarios con condiciones especiales, mientras que en la segunda etapa se abrió un proceso de precalificación que tuvo como único interesado a Millicom Colombia Holding S.A.S., que fue habilitado para continuar en la puja.
Actualmente, las autoridades avanzan en la revisión de los documentos presentados por el inversionista, previo a la subasta programada para finales de abril. El cierre definitivo de la operación marcaría un punto clave en la transformación del mercado de telecomunicaciones en el país.
En paralelo, la Contraloría ha insistido en la necesidad de garantizar que la venta se realice bajo criterios de transparencia, adecuada valoración de los activos y protección del patrimonio público. El precio de referencia de las acciones ha sido fijado en 772,38 pesos por unidad, un elemento que también será objeto de seguimiento.
Otro de los aspectos bajo análisis es el efecto que esta operación pueda tener sobre la prestación del servicio. El organismo de control advierte que, aun cuando cambie la composición accionaria, la empresa seguirá siendo objeto de vigilancia mientras exista participación de recursos públicos o impactos sobre el interés general.
El debate también se traslada al uso estratégico de los recursos obtenidos. Desde el Gobierno se ha planteado que estos podrían destinarse a inversiones orientadas a cerrar la brecha digital, una de las principales deudas estructurales del sector TIC en Colombia.
Precisamente, los análisis de la Contraloría señalan que, aunque ha habido avances en conectividad en los últimos años, persisten desafíos importantes relacionados con el acceso efectivo y el desarrollo de habilidades digitales. Este último factor representa una porción significativa de la brecha, lo que obliga a replantear las prioridades de inversión.
En este contexto, el organismo de control subraya que la venta de activos públicos debe traducirse en beneficios concretos para la ciudadanía. La forma en que se reinviertan los recursos será determinante para evaluar el impacto real de la operación.
Con la subasta en curso y el interés concentrado en un solo actor, el proceso entra en su fase decisiva bajo la lupa de las autoridades, en un momento en el que el sector de telecomunicaciones enfrenta cambios estructurales y nuevas exigencias en materia de cobertura, calidad y acceso digital.
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