La más reciente decisión de Moody’s sobre Ecopetrol vuelve a encender las alertas en el mercado energético y financiero. La firma redujo la calificación crediticia de la compañía de Ba1 a Ba2 y modificó su perspectiva de estable a negativa, en un movimiento que refleja un deterioro en la percepción de riesgo alrededor de la petrolera estatal.
El ajuste no responde exclusivamente al desempeño operativo de la empresa. De hecho, Moody’s mantuvo su evaluación individual en b1, lo que indica que, desde el punto de vista del negocio, Ecopetrol conserva fundamentos relativamente sólidos. Sin embargo, el peso de factores externos, particularmente la relación con el Estado colombiano, terminó inclinando la balanza hacia una rebaja.
Uno de los elementos más relevantes del informe es la advertencia sobre una menor previsibilidad en el respaldo gubernamental. Según la calificadora, ha aumentado la percepción de posibles interferencias en la gestión de la compañía, lo que introduce incertidumbre en aspectos clave como la toma de decisiones y la estabilidad institucional.
Moody’s rebaja a Ba2 la calificación de Ecopetrol y advierte riesgos por influencia estatal
Este punto cobra especial relevancia si se tiene en cuenta que el Estado es el accionista mayoritario de la empresa. Para Moody’s, lejos de representar una garantía, esta relación podría estar generando presiones adicionales que afectan la confianza de los inversionistas y la evaluación del riesgo.
A esta lectura se suma el manejo reciente del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC), un mecanismo clave en la política energética del país. La calificadora señala que los pagos pendientes por parte del Gobierno no se han realizado en su totalidad en efectivo, sino mediante instrumentos como Títulos de Tesorería (TES), lo que limita la liquidez inmediata de la empresa.
Este esquema, advierte Moody’s, reduce la visibilidad sobre los flujos de caja en el corto plazo, especialmente en un contexto de volatilidad en los precios del petróleo. Además, plantea el riesgo de que las obligaciones asociadas al FEPC continúen creciendo si no se ajustan los precios internos de los combustibles en línea con el mercado internacional.
El informe también pone la lupa sobre la dinámica interna de la compañía. La rotación en la alta dirección durante el último año ha sido interpretada como una señal de inestabilidad en el gobierno corporativo. Aunque no se anticipan afectaciones operativas inmediatas, estos cambios refuerzan la percepción de influencia política en la administración de la empresa.
En paralelo, el contexto institucional añade presión. La ausencia temporal del presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, en medio de un proceso judicial, genera interrogantes sobre la continuidad en la gestión y la toma de decisiones estratégicas en el corto plazo.
Desde el frente financiero, Moody’s advierte que la compañía podría enfrentar un panorama más exigente en los próximos años. Entre los riesgos identificados se encuentran un posible aumento en la necesidad de endeudamiento, presiones sobre la liquidez y un flujo de caja libre que podría mantenerse negativo hacia 2026, en parte por altos niveles de inversión y compromisos de dividendos.
Además, la calificadora menciona el impacto que podrían tener eventuales adquisiciones financiadas con deuda, especialmente si se recurre a instrumentos de corto plazo. Este tipo de operaciones podría incrementar el riesgo de refinanciación en un entorno financiero menos favorable.
Un aspecto técnico, pero clave en la decisión, es el denominado “factor de política gubernamental”. Moody’s explicó que este componente reduce en dos escalones la calificación final de Ecopetrol frente a su fortaleza intrínseca. En otras palabras, la empresa estaría siendo evaluada por debajo de su capacidad operativa debido a los riesgos asociados a su vínculo con el Estado.
Con este panorama, la rebaja de calificación no solo refleja una evaluación financiera, sino también una señal sobre el entorno institucional en el que opera la principal empresa del país. El reto ahora será recuperar la confianza del mercado en medio de un contexto marcado por incertidumbre política, desafíos fiscales y presiones sobre el sector energético.
