Por: Jaime Acosta Puertas
Definitivamente Colombia es una sociedad enferma de corrupción. Todo sector toda actividad es un espacio para pensar y crear empresas para hacer trampas. Gran parte de las potencialidades de Colombia en emprendimientos innovadores, se desvía a crear emprendimientos de corrupción. A más de un severo desarreglo institucional, la corrupción es también un repugnante problema de salud pública porque es un asunto de salud mental al cual los científicos sociales y la psiquiatría poco se acercan.
El sistema de salud tampoco nada hace porque es otro negocio de las decenas de negocios que lo componen. Unos tapan a otros y otros tapan a unos, al fin y al cabo es un mega sistema de negocios. En este texto se aborda un problema cuya solución compete al Ministerio de educación y a la justicia, sin que el Ministerio de Salud pueda mirar a otro lado porque al fin y al cabo se trata de los profesionales que prestarán servicios en su sistema.
Una médica general me comentó que no había podido hacer su especialización porque a pesar de haberle ido muy bien en cuatro entrevistas, no había logrado ganar un cupo para su posgrado. Cerradas las puertas, tampoco logró contactar a los calanchines que negocian cupos en universidades privadas y en universidades públicas. Fue así como conversé con otras personas. Antes de seguir, no puedo decir cuántas facultades de medicina tienen estos focos de corrupción: ¿todas, muchas, algunas?
Los calanchines están en las universidades y son los intermediarios entre los aspirantes y quienes internamente asignan los cupos.
Las tarifas dependen del grado de reputación de la institución universitaria. A mejor clasificadas, cupos más caros que pueden alcanzar y superar los quince millones de pesos. A menor clasificación, cupos más baratos a partir de los cinco millones de pesos.
¿Por qué está centrado el negocio en el ingreso a medicina? Dos razones: una, porque es la carrera que exige los más altos puntajes del ICFES. Entonces, hay aspirantes que no tuvieron los mejores resultados por la regular o mala calidad del bachillerato; y dos, porque si logran especializarse son serios aspirantes a ingresar en el club de los especialistas que ganan mucha plata. La resistencia a cambios en el sistema de salud no es más que el susto a cambios en la red de acumulación lícita más no exenta de abusos, discriminación, privilegios y algunas malas prácticas como aquellas IPS que no dan recibos o no tienen datafonos y así evaden a la DIAN.
Las dificultades para ingresar a algunas facultades de medicina, ha generado otro negocio: los Pre-Icfes, que cobran muy caro, hacen una buena preparación y garantizan un buen resultado en los exámenes. Después el aspirante también debe pagar el cupo para ingresar al pregrado.
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Así las cosas, un estudiante puede desembolsar entre uno y cinco millones por el Pre-Icfes; de cinco a quince millones o más para ingresar al pregrado; más lo que cueste la matrícula del semestre.
En consecuencia, los estudiantes ricos no pagan el Pre-Icfes porque vienen de los mejores colegios. En estas condiciones se genera una situación de desventaja y de inequidad en el acceso, que amplía las brechas de desigualdad e inequidad porque el que menos plata tiene, paga más. ¿Dónde está la clase dirigente y dónde está el Estado con su sistema de educación y los organismos de control y de justicia para atacar esta otra desigualdad y un tipo adicional de corrupción? ¿Dónde están los rectores, decanos y administradores? Pero, también el Ministerio de Salud debe estar atento a esta situación. La compra de cupos es ampliamente conocido, no es ningún misterio ni estoy denunciando algo que no se conoce, pero en tono a lo cual hay silencio porque también hace parte de la estrategia individual de alcanzar una situación privilegiada años más adelante, pues al fin y al cabo han tenido que estudiar diez, doce, quince años.
Pregunté está semana a una aspirante a estudiar medicina si tenía que comprar el cupo. Me dijo que sí, que costaba diez millones, y por eso está haciendo un Pre-Icfes para lograr un resultado que ojalá le permita evitar el peaje. Por supuesto no todos los aspirantes pagan. El negocio de corrupción está en hacerlo selectivo y no generalizado, porque se acaba.
Ahora bien. El estudiante de medicina que paga un mayor o un menor peaje, al final obtiene el título de médico general y cae en las redes del sistema de salud. Si no logra especializarse se queda en el nivel de profesional que presta un servicio de salud general como médico general que es. Un espacio de trabajo son cierto tipo de IPS, distintas a clínicas y hospitales de alto nivel, donde se encuentran con otro problema, no de corrupción sino de calidad, derecho y equidad, porque el sistema discrimina los servicios según la contribución del usuario al sistema.
Los pacientes que más pagan tienen más servicios. Por eso, las IPS advierten a los médicos generales de la cantidad de exámenes y de especialistas a los que tienen derecho los pacientes según su categoría. A menor contribución, menos exámenes y consultas. Y si es de muy bajos recursos, queda en manos del doctor Ibuprofeno y de la funeraria.
Dicho lo anterior, los médicos en estas posiciones no pueden actuar con todos sus conocimientos y corren el riesgo de afectar su reputación profesional, a pesar de que advierten “no le garantizo X o Y exámen o tratamiento porque no sé si me lo aprueban”. Al final, sólo aplica una parte de sus conocimientos porque el sistema piensa primero en los costos, en la factura y en la utilidad, es decir, en el negocio.
Por eso hay magníficos médicos generales que trabajan como independientes, cuyos tratamientos y diagnósticos son muy acertados y terminan coincidiendo con el diagnóstico y tratamiento de los especialistas. Y médicos generales vinculados a un tipo de IPS que parece que no fueran tan buenos, por las razones atrás comentadas. Adicionalmente, sus salarios son regulares o malos, y a veces tienen que sufrir demoras en el pago de sus servicios.
Hay una especie de clases sociales en el sistema con aquellos profesionales con más formación y más recursos económicos, que se convierten en personas de muy altos ingresos (lo cual no está mal) y son dueños o socios de importantes IPS (lo cual tampoco está mal), pero lo que sí está mal es que alimentan el sistema de inequidad y afectan la calidad porque al final concentran la masa más grande de pacientes de las EPS, aunque no dan abasto porque son demasiados los enfermos para pocos especialistas. El esquema de concentración de riqueza y de poder que caracteriza a sociedades con una profunda desigualdad también se reproduce en el sistema de salud, y en todos los sistemas del Estado, por eso el déficit absoluto en las políticas sociales se extienden indefinidamente en el tiempo.
Adicionalmente, el éxito profesional de los médicos tiene un impacto negativo en la educación porque muchas de las mejores inteligencias no dictan clases porque ganan menos que en los consultorios.
En síntesis, corrupción en el acceso a educación. Calidad en el servicio según lo que pague el contribuyente. Menor calidad de la educación por malas prácticas en el acceso y porque algunas de las mejores cabezas prefieren la acumulación a la formación.
También falla la calidad de los colegios por eso los Pre-Icfes son otro negocio. En muchas ciudades faltan especialistas. A veces sólo hay uno o dos para ciudades y territorios con más de 500.000 habitantes. Un perfecto círculo perverso. La víctima el paciente. El estado ausente. La corrupción hace curso desde la educación. Todo debido a la ley 100 que trajo Uribe.
Así las cosas, es deseable que el esquema de salud preventiva que impulsará el nuevo gobierno, sea fuente de oportunidades para todo el personal médico: más espacios de trabajo, leal competencia, freno a las malas prácticas, mejores salarios y mejores servicios a la ciudadanía, y más investigación por que las EPS no dan un peso para generar nuevo conocimiento ni crear industrias de salud.
Las columnas de opinión de Jaime Acosta Puertas son tomadas de www.confidencialcolombia.com
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