La Corte Constitucional en una audiencia pública donde se discutió la relevancia del artículo 28 de la Ley 1816 de 2016, que permite a las gobernaciones imponer limitaciones al ingreso de licores destilados, incluido el aguardiente, por periodos de hasta seis años. Los demandantes, encabezados por Julio Andrés Ossa, Jorge Enrique Sánchez y Pablo Felipe Robledo, argumentan que las reglas actuales han creado un sistema desigual en el país, donde cada departamento aplica normativas a su conveniencia.
Robledo enfatizó que el aguardiente, un producto emblemático de Caldas, enfrenta dificultades para ingresar a mercados clave como los de Valle, Cundinamarca y Antioquia. «Estamos aquí porque el aguardiente ha encontrado barreras que impiden su venta en las principales licoreras de Colombia. Las regulaciones actuales son desproporcionadas y afectan el derecho de los consumidores a elegir», declaró Robledo.
La industria licorera solicita a la Corte Constitucional libre competencia en el comercio de aguardientes
Durante la audiencia, el gobernador de Caldas, Henry Gutiérrez Ángel, hizo un llamado enérgico a favor de la libre competencia. Aseguró que la lucha por eliminar las fronteras comerciales en la distribución de licores es vital no solo para los productores, sino también para la libertad de elección de los consumidores colombianos. «Este es un tema de derecho constitucional económico fundamental. La restricción afecta no solo a la economía, sino también a las libertades individuales de los ciudadanos», afirmó Gutiérrez.
El gerente de la Industria Licorera de Caldas, Diego Angelillis Quinceo, también compartió su perspectiva en la audiencia. Recordó a los magistrados que, a causa de la normativa impugnada, el Aguardiente de manzanares no puede ser comercializado en el 67% del territorio nacional. «Mientras tanto, es más fácil encontrar este producto en Miami o Madrid que en Colombia», dijo Angelillis.
Angelillis subrayó la importancia de permitir que los consumidores elijan libremente sus productos, y no que se impongan restricciones desde las oficinas gubernamentales. «La competencia se gana en la calle, no en los escritorios», enfatizó.
El gerente de la industria licorera no escatimó en criticar las salvaguardias actuales. Afirmó que crean monopolios inconstitucionales y vulneran la libre competencia y los derechos de los consumidores. «El monopolio rentístico debería generar recursos para fines sociales, no limitar el acceso a productos de calidad», señaló Angelillis, al tiempo que rechazó la imposición de fronteras comerciales en departamentos como Cundinamarca.
Cundinamarca y Bogotá, que en 2019 eran considerados los mayores mercados de licores en Colombia, han implementado medidas restrictivas que, según Angelillis, no han sido justificadas de manera adecuada. «A pesar de que el Gobernador de Cundinamarca suspendió la expedición de permisos para la introducción de aguardientes, las condiciones del mercado han cambiado muy poco». La competencia de otros productos continúa siendo feroz», argumentó.
Al final de su intervención, el gerente de la industria licorera de Caldas pidió a los magistrados que declaren inconstitucionales los artículos demandados. «Es fundamental garantizar un mercado competitivo que beneficie a todos los actores, especialmente a los consumidores. La libertad de elección debe prevalecer», concluyó.
La Corte Constitucional ahora se enfrenta a la tarea de decidir sobre este asunto crítico que no solo afecta a la industria licorera, sino que también tiene implicaciones más amplias para la economía colombiana y los derechos de los consumidores. La discusión sobre la libre competencia en el mercado de licores podría marcar un precedente en la legislación nacional, así como impactar la forma en que se regulan otros sectores económicos en el país.
Con el debate en la Corte aún en curso, la industria espera que su llamado por la libre competencia sea escuchado. La resolución de este caso podría redefinir el panorama del comercio de licores en Colombia y establecer un nuevo estándar para la regulación de productos en el país. Las opiniones en el sector empresarial son diversas, pero lo que está claro es que el futuro del aguardiente y otros productos licoreros depende de la decisión de la Corte Constitucional.