Corte Constitucional declara inconstitucional el Ministerio de la Igualdad y Equidad

La Corte Constitucional ha invalidado la creación del Ministerio de la Igualdad y Equidad por no cumplir con el análisis de impacto fiscal requerido.

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La Corte Constitucional ha tomado una decisión significativa al declarar inexequible la creación del Ministerio de la Igualdad y Equidad, una iniciativa liderada por la vicepresidenta Francia Márquez. Este fallo, basado en un vicio de trámite durante el proceso legislativo, especifica que no se realizó el necesario análisis de impacto fiscal que dicta la Ley 819 de 2003.

«El Congreso de la República incurrió en un vicio de procedimiento insubsanable: no llevó a cabo el análisis de impacto fiscal de la creación del Ministerio de Igualdad y Equidad, conforme a las exigencias previstas en el artículo 7º de la Ley 819 de 2003”. señaló la Corte Constitucional.

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Panorama general: La ley que estableció el Ministerio de la Igualdad, la Ley 2281 de 2023, ha sido invalidada debido a la omisión de este análisis crucial. La decisión de la Corte también incluye una medida de diferimiento, permitiendo que los efectos de esta nulidad se pospongan hasta el final de la legislatura 2025-2026. Esta demora en la aplicación de la decisión permite un periodo de transición durante el cual se pueden explorar alternativas o correcciones legislativas.

La ausencia de un análisis de impacto fiscal es un aspecto técnico pero crucial que asegura la responsabilidad y sostenibilidad fiscal de cualquier nueva ley, especialmente aquellas que implican la creación de nuevas entidades del gobierno como un ministerio.

Implicaciones de la decisión de la Corte sobre el Ministerio de la Igualdad y Equidad

Por qué es importante: La Sala Plena de la Corte, al analizar la situación, determinó que declarar la inconstitucionalidad del Ministerio de Igualdad y Equidad con efectos inmediatos «implicaría la eliminación del sector administrativo de Igualdad y Equidad», lo cual desencadenaría una desarticulación institucional. Esta situación podría comprometer la implementación de políticas públicas diseñadas para proteger a grupos vulnerables, como madres cabeza de familia y personas con discapacidad, explicó la Corte.

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Por lo tanto, para conciliar los principios constitucionales en conflicto y proteger el principio de igualdad, la Sala Plena optó por diferir los efectos de esta decisión durante dos legislaturas. Este plazo, según la Corte, minimiza los riesgos asociados a una inconstitucionalidad inmediata y da tiempo al Legislador, impulsado por una iniciativa del Gobierno Nacional, para que este pueda reestructurar la creación del Ministerio conforme a los requisitos constitucionales y legales pertinentes.

Corte Constitucional declara inconstitucional el Ministerio de la Igualdad y Equidad
Corte Constitucional declara inconstitucional el Ministerio de la Igualdad y Equidad

Además, este período de gracia permitirá al Gobierno Nacional reasignar las funciones que actualmente competen al Ministerio de Igualdad y Equidad y realizar las adecuaciones necesarias en la administración pública para asegurar que no se vulneren los derechos de los grupos especialmente protegidos beneficiarios de las políticas que maneja el Ministerio.

“En criterio de la Sala, este término prudencial reduciría los riesgos de la inexequibilidad inmediata advertidos, debido a que permitiría que el Legislador, por iniciativa legislativa del Gobierno Nacional, si así lo considera, apruebe la creación del Ministerio de Igualdad y Equidad en cumplimiento de las exigencias y requisitos de aprobación de las leyes previstos en la Constitución y la Ley 819 de 2003”, dijo el alto tribunal.

Detalles: En la votación para tomar la decisión, el magistrado Jorge Enrique Ibáñez Najar salvo parcialmente y aclaró su voto. Los magistrados Juan Cortés González y Antonio José Lizarazo Ocampo, las magistradas Natalia ángel Cabo y Diana Fajardo Rivera no aclararon el voto.

Una de las primeras personas en reaccionar a la decisión fue la senadora Paloma Valencia, quien es la autora de la demanda, señalando que de 1,3 billones del presupuesto del ministerio, 900.000 serían destinados a cargos burocráticos.

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