La Corte Constitucional ha dado un golpe a la estrategia del Gobierno de Gustavo Petro para impulsar la reactivación del turismo en La Guajira mediante el Decreto Legislativo 1267 de 2023, al declararlo inexequible. Este decreto, que formaba parte de una serie de medidas adoptadas bajo el Estado de Emergencia, Social y Ecológica, buscaba atenuar la crisis humanitaria en el departamento, especialmente en relación con la disponibilidad de agua.
Le puede interesar: Así quedó la nueva Junta Directiva del Puerto de Buenaventura
Sin embargo, la magistrada Cristina Pardo Schlesinger, en su ponencia, concluyó que existía «una absoluta ausencia de conexidad externa» entre la crisis humanitaria mencionada y las medidas propuestas en el decreto. Es decir, no se logró demostrar cómo las acciones para reactivar el turismo en La Guajira podrían efectivamente aliviar la amenaza de agravamiento de la crisis por la escasez de agua.
Anulación del decreto de turismo en La Guajira: un análisis del fallo de la Corte Constitucional
Panorama general: Este fallo no es un caso aislado, ya que ya son 14 los decretos relacionados con la emergencia que han sido declarados inconstitucionales por la Corte. En sus argumentos, el Tribunal enfatizó la importancia de salvaguardar la seguridad jurídica y el derecho a la confianza legítima de los beneficiarios de las medidas contempladas en el decreto ahora anulado.
La decisión de la Corte también retrotrae la situación legal a antes de la adopción del decreto, excepto en lo que respecta a las «transferencias no condicionadas» que ya hayan sido entregadas a la fecha de la sentencia. Esto significa que las personas que ya recibieron ayudas financieras por este medio no están obligadas a devolverlas, aunque Prosperidad Social deberá ajustar las bases de datos de beneficiarios conforme a la nueva situación legal.
Por qué es importante: Esta serie de revéses judiciales subraya los desafíos que enfrenta el Gobierno para implementar medidas de emergencia sin infringir la Constitución. A su vez, plantea un escenario de incertidumbre sobre las estrategias futuras para abordar la crisis en La Guajira, un departamento que históricamente ha sufrido de un acceso limitado a recursos básicos como el agua potable.
El fenómeno de El Niño y la consecuente disminución en la disponibilidad de agua representan una amenaza persistente para la región, lo que requiere de soluciones efectivas y constitucionalmente válidas para mitigar los impactos humanitarios y ambientales de esta crisis. La decisión de la Corte Constitucional recalca la necesidad de un enfoque más coherente y fundamentado en la ley para enfrentar estos retos.