El martes 12 de diciembre, la Corte Constitucional de Colombia invalidó el decreto de emergencia diseñado para abordar la crisis humanitaria en La Guajira, particularmente en relación con medidas ambientales. Esta decisión marca la inconstitucionalidad de la norma 1277, la cual es la decimotercera de las 14 disposiciones expedidas para atender la emergencia en el departamento.
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¿Qué decía el decreto que tumbó la Corte Constitucional?
La normativa anulada establecía restricciones al sector minero, limitando la capacidad de «adicionar o prorrogar contratos de concesión minera o autorizar expansiones, ampliaciones o nuevos frentes de explotación de los proyectos de minería de carbón existentes». También prohibía el desarrollo de nuevas actividades de exploración o explotación de minería de carbón en zonas de recarga de acuíferos o que implicaran la remoción de capas del acuífero, así como desviaciones del cauce natural del río Ranchería o de sus afluentes.
En esencia, la normativa declaraba a La Guajira como una zona de protección especial del agua, limitando las prórrogas en el sector minero. A pesar de la declaratoria de inconstitucionalidad, la Corte preservó la disposición que declara las fuentes hídricas del departamento como de protección especial, destinadas prioritariamente al consumo humano y doméstico. Esta expresión tendrá efectos diferidos por un año a partir de la declaratoria de inexequibilidad del Decreto 1085 de 2023.
Aún queda pendiente ante la Corte Constitucional un solo decreto relacionado con la emergencia humanitaria en La Guajira, y se espera conocer la decisión al respecto en enero del próximo año. La invalidación de estas normativas resalta la compleja relación entre las medidas ambientales y las necesidades económicas en la región, generando debates sobre la gestión de la crisis en La Guajira.
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