La decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos, adoptada con una mayoría de seis votos contra tres, permite que la medida entre en vigencia en algunos estados, al tiempo que limita la intervención de los tribunales inferiores.
El alto tribunal instruyó a las cortes de Maryland, Massachusetts y el estado de Washington a reducir el alcance de las medidas cautelares que habían impuesto, conocidas como injunctions, las cuales bloqueaban la implementación de la política a nivel nacional.
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A partir del fallo, dichas restricciones deberán aplicarse únicamente a los demandantes directamente involucrados, dejando vía libre para que la administración avance en los estados donde no existan procesos judiciales en curso.
Fallos judiciales, disidencias y un futuro incierto para la ciudadanía por nacimiento en Estados Unidos
La orden ejecutiva, numerada como 14160 y firmada el pasado 20 de enero, redefine el alcance de la Enmienda XIV de la Constitución, al retirar el derecho a la ciudadanía a los hijos de inmigrantes sin estatus legal o con visas temporales que nazcan en territorio estadounidense.
La Casa Blanca sostiene que esta interpretación responde a una necesidad de “recuperar el control del sistema migratorio” y ajustar el concepto de nacionalidad a las condiciones del siglo XXI.
La jueza conservadora Amy Coney Barrett, quien redactó la opinión mayoritaria, subrayó que los jueces federales no pueden imponer bloqueos judiciales de alcance nacional, ya que eso excede los límites de su jurisdicción.
El fallo no se pronuncia sobre la legalidad o constitucionalidad de revocar el principio de ciudadanía por nacimiento, por lo que ese aspecto aún deberá resolverse en cortes de menor jerarquía.
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No obstante, la decisión de este viernes representa un triunfo simbólico y operativo para el expresidente Trump y sus asesores, quienes ahora podrán preparar la entrada en vigor de la norma, prevista para dentro de 30 días.
En contraste, las magistradas Sonia Sotomayor, Elena Kagan y Ketanji Brown Jackson presentaron una enérgica disidencia. En su opinión, el fallo podría derivar en “caos jurídico” para miles de familias inmigrantes y representa, según sus palabras, “una vergonzosa manipulación política de derechos fundamentales”. Sotomayor lamentó que la Corte esté “jugando con el destino de niños recién nacidos que, hasta ahora, eran considerados ciudadanos estadounidenses por derecho”.
La política impulsada por Trump había sido inicialmente suspendida por tribunales federales en Nueva Jersey, Washington y Massachusetts, los cuales emitieron injunctions que detenían su implementación en todo el país.
La decisión de hoy, sin embargo, debilita ese freno judicial y pone el foco sobre un tema que divide profundamente a la sociedad estadounidense.
El caso, conocido como Trump v. CASA, Inc., agrupa tres demandas distintas que cuestionan la validez de las injunctions de alcance nacional. Estas herramientas legales se han vuelto frecuentes en los últimos años, especialmente como respuesta a decisiones ejecutivas que generan controversia a nivel federal.
Con este aval parcial por parte de la Corte Suprema, el gobierno de Trump tiene ahora luz verde para diseñar los lineamientos técnicos que regirán la aplicación de la medida en los estados no cubiertos por litigios.
El periodo de 30 días busca brindar tiempo para que las agencias federales adapten sus procesos administrativos y definan zonas de implementación.
El debate de fondo, centrado en si el presidente tiene facultades para reinterpretar derechos consagrados por la Constitución, aún debe dirimirse en las instancias inferiores. Todo apunta a que, eventualmente, el tema regresará a la Corte Suprema en una nueva batalla judicial sobre el alcance del poder ejecutivo.
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