El ministro del Interior, Armando Benedetti, anunció este jueves que la Cámara de Representantes ha sido oficialmente convocada a sesiones extraordinarias para atender los reparos formulados por la Corte Constitucional frente al trámite de la reforma pensional, luego de que se hiciera público el comunicado oficial con el auto correspondiente a la decisión tomada por el alto tribunal la semana pasada.
La reforma al sistema pensional, que debía comenzar a regir el próximo martes 1.º de julio, deberá regresar a la Cámara para repetir uno de los pasos claves del proceso legislativo.
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Cámara de Representantes deberá corregir trámite de la reforma pensional por orden de la Corte Constitucional
La discusión y votación de la proposición sustitutiva impulsada por los representantes María del Mar Pizarro, Cristóbal Caicedo y otros congresistas durante la sesión ordinaria del 14 de junio de 2024.
Dicha proposición buscaba que la Cámara acogiera el texto previamente aprobado por el Senado, publicado en la Gaceta del Congreso número 497 de este año.
En su fallo, la Corte estableció que este paso debe repetirse debido a irregularidades en el procedimiento, lo cual impide avanzar hacia la promulgación de la Ley 2381 de 2024 sin antes subsanar estos errores. Por tal razón, el Gobierno decidió activar las sesiones extraordinarias de inmediato, para garantizar que el trámite pueda completarse dentro del tiempo estipulado por la Corte.
La plenaria de la Cámara de Representantes tendrá un plazo máximo de 30 días hábiles, contados a partir de la comunicación oficial de la decisión judicial, para volver a debatir y votar la proposición mencionada. Este plazo aplica únicamente durante el periodo de sesiones ordinarias del Congreso, a menos que se convoquen sesiones extraordinarias, como ya ha ocurrido.
Una vez cumplido ese procedimiento, será responsabilidad del presidente de la Cámara de Representantes informar formalmente a la Corte Constitucional sobre el cumplimiento de lo ordenado.
Para ello, deberá remitir copia de las actas correspondientes a la nueva sesión de plenaria, donde conste que se cumplió con la discusión y votación ordenadas. Solo entonces el alto tribunal podrá pronunciarse de forma definitiva sobre la constitucionalidad de la reforma pensional.
Mientras tanto, la Corte suspendió los plazos para la tramitación de cualquier proceso judicial que esté actualmente en curso, o que llegue en los próximos días a su despacho, relacionados con demandas que impugnen total o parcialmente la Ley 2381 de 2024.
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Esta suspensión se mantendrá hasta el día hábil siguiente al momento en que la Sala Plena tome una decisión final sobre la validez constitucional del nuevo sistema pensional.
Por su parte, la Secretaría General de la Corte Constitucional ya fue instruida para realizar las anotaciones pertinentes en los expedientes relacionados con esta ley, con el fin de dejar constancia formal de la suspensión temporal de los términos procesales.
Con este nuevo capítulo, la reforma pensional una de las apuestas centrales del Gobierno en materia social enfrenta un obstáculo más en su camino a la implementación. El Ejecutivo confía en que la Cámara pueda corregir el trámite en los tiempos estipulados, evitando que el proceso se vea afectado en su totalidad.
De lograrlo, la Corte podrá emitir un pronunciamiento de fondo y, si avala la constitucionalidad de la norma, el país podrá avanzar hacia un nuevo modelo pensional que, según el Gobierno, busca mayor equidad, sostenibilidad y cobertura para la población más vulnerable.
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